Asociaciones de vecinos, sindicatos, Federaciones de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, asociaciones juveniles y de mujeres de las localidades de Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Moraleja de en Medio, Móstoles y Parla han constituido una plataforma en base a una necesidad que excede con mucho el ámbito del sur de nuestra región. Una necesidad y un derecho reconocido en el artí­culo 47 de la Constitución española, en virtud del cual -todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada-. Un derecho que se transforma en un deber para la administración.

En ese sentido, las casi cincuenta entidades que forman parte de la Plataforma remitieron el pasado mes de diciembre una carta a Esperanza Aguirre sugiriéndole algunas ideas que no habí­a incluido en su campaña electoral:

– Compromiso de la Administración en la construcción de viviendas de protección pública.
– Compromiso en el control de la venta de las Viviendas de Protección Oficial en segunda compra para evitar la especulación económica que hoy en dí­a tiene lugar en la Comunidad de Madrid
– Estudiar un posible acuerdo con los agentes económicos de la Comunidad para establecer medidas que faciliten la adquisición de una vivienda.

Mientras la presidenta de la Comunidad piensa en la propuesta, el escenario del mercado inmobiliario no deja de generar noticias que dan cuenta del incesante incremento del precio de la vivienda, sobre el que han alertado organismos como el Instituto Nacional de Estadí­stica, el Banco de España o los Defensores del Pueblo de toda España que en una reunión de coordinación mantenida en Toledo en octubre del pasado año pidieron a las administraciones que intervengan en el mercado del suelo a fin de garantizar el acceso a una -vivienda digna y adecuada" a través de la intervención en el mercado del suelo y el fomento del alquiler y la protección pública. Los defensores plantean como medida ampliar el ámbito de los "patrimonios municipales del suelo- e incluir en ellos los bienes inmuebles propiedad de todas las administraciones.

Además, recomiendan establecer un porcentaje del total del suelo a viviendas protegidas, así­ como agilizar los procesos de urbanización de los terrenos. Así­ las cosas, a la presidenta de la Comunidad no le faltan ideas para comenzar a solventar en el ámbito de su competencia lo que en su dí­a el ministro Rato reconocí­a como "un problema serio".

Manifiesto de la Plataforma: Si bien la Plataforma está integrada por colectivos de diversa procedencia ideológica y variedad de matices en la definición de sus objetivos, todos coinciden en las claves del análisis de las causas y las posibles salidas al -problema de la vivienda-, someramente expuestas en su manifiesto:

1-La incesante y desproporcionada subida en los precios de la vivienda imposibilita el cumplimiento de este irrenunciable derecho, de manera que las familias y sobre todo los jóvenes que acceden a la vivienda, se ven atados de pies y manos. El pago de la primera vivienda supone un coste inalcanzable para la mayorí­a de las familias con hipotecas que van de los treinta a cuarenta años. Así­ las cosas, el artí­culo 47 no es sino papel mojado cuando se da ví­a libre a la especulación del suelo y el fomento de la iniciativa privada.

2- Proponemos que consideren la liberación de terrenos por parte de las administraciones locales que, con ayudas estatales nos permitan acceder a la vivienda de protección oficial cumpliendo el precio fijado por la Comunidad de Madrid que, a dí­a de hoy, está fijado en 877.47 euros por metro cuadrado.

3- Exigimos el cumplimiento de la ley sobre la venta de viviendas de Protección Oficial en segunda compra en tiempo y forma, pudiendo ser las administraciones las únicas compradoras de las mismas.

4- Creación de un parque de viviendas en alquiler con opción a compra a precios asequibles.

5- Cambiar la Ley del Suelo si fuera necesario para el cumplimiento de estos fines.

6- A su vez, la promoción de vivienda social debe acompañarse de otras polí­ticas complementarias, como la rehabilitación de los cascos viejos y barrios históricos; la diversificación de tipologí­as de vivienda (de protección publica, de promoción privada y privada sobre suelo público) y la concreción de medidas fiscales para la financiación de nuevas topologí­as de viviendas destinadas a colectivos especí­ficos con singular implantación en el municipio.

Dí­a por la Vivienda Pública: Después de hacer una lectura del manifiesto en todos los plenos de los municipios que integran la plataforma y de darlo a conocer al conjunto de la ciudadaní­a y a los medios de comunicación, los vecinos han -bautizado- el dí­a 1 de febrero como Dí­a por la Vivienda Pública. Ese dí­a, iniciarán una recogida masiva de firmas masivas de todos aquellos que quieran apoyar las demandas presentadas y recordar a la Administración madrileña su responsabilidad para con los derechos del conjunto de la ciudadaní­a. Al dí­a siguiente, los alcaldes de la zona sur están convocados asimismo a una reunión para plantearles las peticiones expuestas.