UGT demanda un sistema de protección social reforzado para los que más lo necesitan

Para el sindicato, que se suma a la preocupación de las confederaciones y asociaciones de personas con discapacidad grave y severa, este nuevo tijeretazo del Gobierno deja patente que la única polí­tica social que "˜entiende"™ es la que va acompañada de reducciones fiscales para los que menos necesitan (los pocos que tienen algo que deducirse). UGT insiste en que es necesario establecer un sistema de protección social reforzado que atienda las demandas del colectivo de personas con discapacidad, con especial atención a los que tienen menos capacidad económica.

De nuevo asistimos al sistema de recortes que se viene realizando a lo largo de la legislatura de este Gobierno en materia de prestaciones sociales. No sólo estamos a la cola de la Unión Europea en materia de protección social, sino que incluso los derechos ya adquiridos en situaciones totalmente concretas y precisas, van perdiendo efectividad. El tan ansiado Estado de Bienestar que venimos reclamando y que hemos intentado construir a lo largo de nuestra historia, se está resquebrajando, y no precisamente como novedad incide directamente en aquellos que más lo necesitan.

En esta ocasión y cuando aún estamos bajo los efectos del "año europeo de las personas con discapacidad" le ha tocado el turno a las prestaciones familiares que establecen una asignación económica, por hijo con discapacidad y la incompatibilidad de estas prestaciones con la pensión de orfandad.

Hasta ahora las prestaciones familiares tanto en modalidad contributiva y no contributiva, por hijo a cargo, vení­an y vienen reguladas cuando el beneficiario tenia un hijo que se encuentra en alguna de estas circunstancias:

– Ser menor de 18 años (afectado o no por una discapacidad).

– Estar afectado por una minusvalí­a en un grado igual o superior al 65%

Se considera hijo a cargo aquel que vive con el beneficiario y a sus expensas, se considera que el hijo no está a cargo cuando trabajo por cuenta propia o ajena o es preceptor de una pensión contributiva excepto la de orfandad. Esta excepción, no es precisamente casual y ello es así­, porque los beneficiarios de estas pensiones son fundamentalmente aquellos que tienen hijos a su cargo (reuniendo las condiciones citadas), los hijos abandonados, no huérfanos y los huérfanos de padre y madre menores de 18 años o personas con discapacidad en grado igual o superior al 65% sean o no pensionistas de la seguridad social.

Como se observa tanto en el espí­ritu de la ley como en el desarrollo de la misma, los beneficiarios son los padres que tienen hijo a cargo o aquellos hijos que o bien son abandonados o bien son huérfanos pero no por ello pierden la acción protectora de los padres, de ahí­ la compatibilidad con la pensión de orfandad que ahora se suprime y que en una concepción social y progresista del Estado de bienestar debe mantenerse y ampliarse pero no recortarse como venimos asistiendo últimamente.

Es evidente, que para ser beneficiario de ésta prestación existe un lí­mite económico -tanto en su modalidad contributiva como en la no contributiva- por lo que se considera como requisito indispensable que los ingresos anuales, no superen para el 2003 el lí­mite de 8.264,28 €/año; sin embargo, como excepción hay que señalar que a los trabajadores o pensionistas que tengan a su cargo un hijo con discapacidad, no se les exige un lí­mite de ingresos para ser beneficiarios de estas prestaciones.

Lo que resulta más curioso es que la cuantí­a de las rentas anuales que se pueden llegar a obtener por asignación de hijo a cargo con discapacidad 3.068,04 €/año (255,67 €/mes), no supera el lí­mite de compatibilidad que establece la pensión de orfandad para aquellos huérfanos (24 años) que realicen un trabajo lucrativo y no supere el 75% del SMI o lo que es lo mismo para el 2004: 345,37 €/mes. Todo esto se agrava si tenemos en cuenta que las cuantí­as por orfandad en nuestro paí­s son ridí­culas, estableciéndose el lí­mite en el 20% de la base reguladora, siendo la cuantí­a mí­nima anual por beneficiario de 1646,40 euros.

Para este Gobierno la protección social no forma parte de su polí­tica al no ser que venga acompañada de deducciones fiscales que sólo son rentables para aquellos que tengan algo que deducirse.

A lo largo de este año 2003, hemos venido asistiendo a importantes reformas legislativas en materia de discapacidad que desde UGT hemos sido reticentes en la mayorí­a de los casos por no proteger a aquellos que precisamente más lo necesitan, los que tienen peores rentas, y hemos venido solicitando que no basta con determinadas modificaciones legislativas sino que los poderes públicos deben establecer un sistema de protección social reforzado que atienda proteja y apoye al colectivo de personas con discapacidad con especial atención de aquellas personas con menor capacidad económica.

Desde UGT compartimos la preocupación de aquellas confederaciones y asociaciones españolas que atienden precisamente a los colectivos de personas con discapacidad grave y severa y que precisamente son la parte más débil de nuestra sociedad.