Según la secretarí­a de Polí­tica Social y Migraciones de CC.OO., el flete de un avión con 160 policí­as antidisturbios para la expulsión de 70 inmigrantes rumanos pone de relieve las contradicciones e incongruencias de la polí­tica migratoria del Gobierno español.

Aunque la repatriación es un acto forzado, la imagen que queda es la de policí­as escoltando a delincuentes, proyectando una imagen negativa de la inmigración.

CC.OO. llama la atención sobre el desequilibrio en la aplicación de los recursos en las polí­ticas migratorias y sobre el derroche en este tipo de repatriaciones en tanto hay carencias estructurales en otros ámbitos de atención a los inmigrantes; carencias por ejemplo en las oficinas de extranjerí­a que en la mayor parte de los lugares mantienen sin resolver los importantes retrasos en la tramitación de los expedientes de los extranjeros (permisos, renovaciones, reagrupaciones familiares etc) que producen colas en las puertas de las oficinas y que se ven incrementadas como consecuencia de la aplicación de la obligación de personación para las gestiones administrativas etc.

Por otro lado, los efectos de estas repatriaciones se limitan a un valor simbólico ya que es evidente que no hay capacidad económica ni administrativa para repatriar por este método los varios cientos de miles de personas en situación administrativa irregular existentes en nuestro paí­s.

El Gobierno no puede obviar las demandas de los inmigrantes que están trabajando en la economí­a sumergida y sufriendo situaciones de explotación laboral, demandas que a juicio de la secretarí­a de Polí­tica Social de CC.OO. requieren medidas para que afloren las actividades y normalice la situación de los inmigrantes y de los empleos.