Para UGT-Madrid, el PP es el máximo responsable del incremento de la inseguridad ciudadana en nuestra Comunidad, fruto del proceso de privatización de la seguridad que este partido ha fomentado ("el que quiera seguridad que se la pague"), y que ha traí­do como consecuencia la disminución de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, y la falta de inversión en recursos y medios para garantizar, con eficacia y eficiencia el servicio público de Seguridad Ciudadana.

Cuando las encuestas de opinión han colocado la inseguridad ciudadana como el segundo asunto de preocupación de la ciudadaní­a, el Gobierno de Esperanza Aguirre, desde la estrategia de campaña electoral, ha tenido la "ocurrencia" de la creación de las Brigadas Especial de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM).

Frente a la necesidad de un Plan Integral para acabar con la inseguridad, la BESCAM, supone un dislate jurí­dico, organizativo y la demostración palmaria del desconcierto y del desinterés que el PP tiene sobre el tema, y su carencia de un modelo de seguridad como servicio público.

El modelo BESCAM ignora que las competencias en materia de seguridad ciudadana, están atribuidas por ley, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (Policí­a Nacional, Guardia Civil), y tiene como objetivo primero, derivar la responsabilidad de la seguridad ciudadana a los Alcaldes, mientras que el Ejecutivo Regional hace dejación de su responsabilidad en ésta materia.

Pocas veces, un proyecto del PP ha obtenido un rechazo tan unánime: Sindicatos policiales, Asociaciones de la Guardia Civil, Alcaldes, el conjunto de la oposición parlamentaria, e incluso, ha manifestado su desacuerdo el responsable máximo de la Seguridad Ciudadana, el Ministro del Interior, al reclamar que estas competencias son materia exclusiva de su departamento.

Para UGT-Madrid, el concepto de Seguridad Ciudadana, es algo más que el debate sobre el modelo policial. Esta basa su filosofí­a en su concepto de Seguridad Ciudadana como Servicio Público, desde una visión integral que busca garantizar la libertad y seguridad de los ciudadanos y ciudadanas, conciliando medidas preventivas para erradicar las causas y orí­genes sociales de la actividad delictiva y combatir con eficacia y eficiencia, desde la legalidad normativa, la perpetración de los delitos, comprometiendo desde los presupuestos públicos, las partidas necesarias para financiar los recursos humanos, técnicas y formativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las policí­as locales de nuestra Comunidad, articulando la coordinación y colaboración entre ellas.