Las cifras sobre el número de inmigrantes que residen en nuestra Comunidad son muy confusas o, lo que es peor, polí­ticamente interesadas, pretenden "invisibilizar", tanto a los inmigrantes en situación administrativa irregular, como a los regularizados que son objetos de explotación laboral y exclusión social.

Así­, el Ministerio de Interior ha publicado que a finales de 2003 residí­an en Madrid, con tarjeta o autorización de residencia, 355.055 extranjeros.

Por su parte, el INE informó de que al finalizar el año 2001 habí­a en Madrid 444.442 extranjeros empadronados. La Consejerí­a de Servicios Sociales elevaba a 610.744 los extranjeros empadronados el 31 de diciembre de 2002. y al 1 de julio de 2003 el Ayuntamiento de Madrid, única administración que mantiene un seguimiento sistemático y actualizado sobre el número de estos "nuevos vecinos", contabilizaba 403.522 extranjeros empadronados en la capital.

Hay que decir que la cifra más ajustada a la realidad, utilizada por distintos organismos y también por UGT Madrid, es la que estima que en la Comunidad de Madrid residen actualmente más de 658.000 extranjeros de los cuales, unos 80.000 son de la Unión Europea.

El resto, 578.000 personas residentes en Madrid estarí­an sujetas a la Ley de Extranjerí­a.

Comparando esta cifra con la aportada por el Ministerio del Interior, en la Comunidad de Madrid, el número de extranjeros en "situación administrativa irregular" supera, incluso en las estimaciones administrativas más conservadoras, las 223.000 personas.

Además, UGT-Madrid denuncia que hay unos 113.000 trabajadores extranjeros "legalizados", puesto que tienen autorización de trabajo que no están dados de alta en la Seguridad Social por sus empleadores, es decir, permanecen empleados en la economí­a sumergida de Madrid, que no en vano, ronda el 25% del PIB de nuestra Comunidad.

Frente a esta realidad la Administración Autonómica está paralizada desde enero de 2003, cuando comenzó la precampaña electoral, y ha delegado en organizaciones interpuestas (ONG,s y empresas de servicios) sus competencias al respecto. Un año después, mantiene la actividad administrativa de atención a los inmigrantes bajo mí­nimos, prácticamente inexistente.

Los ayuntamientos, urgidos por la presencia vital de estos "nuevos ciudadanos", son, una vez más, la única administración que les está atendiendo, pese a la clara limitación de sus recursos.

UGT-Madrid exige acabar cundo antes con esta dejación de funciones por parte de las administraciones Central y Autonómica, que asuman la presencia de estas personas entre nosotros, que reconozcan que son contribuyentes netos a la producción de riqueza y bienestar, y que se dediquen los recursos presupuestarios para atenderlos y, al menos, para garantizar el cumplimiento de la propia Ley de Extranjerí­a en Madrid.