El lunes, 24 de septiembre, a las 11 horas, convocados por los sindicatos CC.OO., UGT y CSI-CSIF, varios miles de delegados y delegadas de la Función Pública, se han concentrado esta mañana frente al Ministerio de Hacienda (Alcalá, 5-11) y ante las distintas delegaciones del Gobierno para protestar contra las medidas que en materia de Función Pública "“salarios y empleo- se contienen en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2002, aprobados en el Consejo de Ministros y que el Gobierno va a entregar a las Cortes Generales, medidas que afectarán en igual medida a todas las administraciones públicas "“Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales- y a todos los sectores del empleo público, es decir, en total a dos millones de personas.

CC.OO., UGT y CSI-CSIF consideran que el Proyecto de Ley de PGE 2002, en las materias que afectan al empleo público, confirman el fracaso de las negociaciones llevadas a cabo entre la Administración y los sindicatos más representativos en la Mesa General de Negociación de la Función Pública. Fracaso sólo imputable a la actitud intransigente y a la escasa voluntad negociadora de los representantes del Gobierno que, con su propuesta retributiva y la cerrazón en mantener el tope en la tasa de reposición de vacantes, ha terminado por dinamitar el posible acuerdo.
La propuesta del Gobierno desprecia la fuerte pérdida del poder adquisitivo y la altí­sima tasa de temporalidad en el sector público. Una propuesta que insiste en la entelequia del mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios, sin cláusula de revisión salarial, sobre la base de una previsión del IPC irreal. Como contrapartida se ha querido levantar una cortina de humo ofreciendo un plan complementario de pensiones. Sin embargo, se trata de un plan complementario insuficiente en su dotación e insuficiente como para aceptar la ridí­cula oferta de mejoras retributivas no consolidables y condicionadas al cumplimento de objetivos macroeconómicos (equilibrio presupuestario) que, en el supuesto de confirmarse, se abonarí­an a año vencido.

Los sindicatos más representativos en la Mesa General de la Función Pública reiteran su voluntad de diálogo y, para ello, exigen al Gobierno retomar de nuevo la negociación sobre la base de la defensa del empleo de calidad, el derecho al mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios en todas las administraciones públicas y el reconocimiento pleno de los derechos a la negociación colectiva. Estos objetivos son para los sindicatos, además de irrenunciables, consustanciales a la dignificación profesional de los empleados públicos y a la mejora de la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadaní­a.