UGT saluda que el Banco Central Europeo (BCE) mantenga los tipos de interés en el 2 % pues un aumento de los tipos de interés situarí­a en un nivel insostenible el endeudamiento de las familias, que ya supone el 80% de su renta disponible. UGT considera, por tanto, que el Gobierno no debe asumir una polí­tica monetaria contraria a los intereses de nuestra economí­a. Para el sindicato, los bajos tipos de interés son imprescindibles para el crecimiento de la actividad y el empleo.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economí­a, Rodrigo Rato, asumió en el Congreso la lógica de una subida de tipos de interés para este año por parte del Banco Central Europeo (BCE), lo que refleja una errónea concepción de las necesidades de nuestra economí­a y un planteamiento preocupante de la polí­tica económica del Gobierno, tanto a nivel nacional como en el seno de la zona euro.

La aceptación como razonable de una subida de tipos para el 2004, cuando algunos de los paí­ses centrales de la UE apenas han superado aún situaciones recesivas (Alemania, Italia), transmitidas al conjunto de la zona euro, muestra un escaso interés por parte del Ejecutivo por elevar la producción y aumentar el empleo y el bienestar de los ciudadanos. Tras una situación de paralización del crecimiento económico como la atravesada, el relanzamiento debe ser la prioridad.

Si bien nuestro paí­s ha superado esta fase manteniendo tasas de crecimiento en el entorno del 2%, cabe recordar que los déficit de la economí­a española en materia de empleo, calidad de vida y bienestar social exigen un crecimiento superior a la media de la UE para converger en términos reales. En este sentido, las necesidades de nuestro paí­s no difieren de las de los paí­ses de nuestro entorno.

Sin embargo, los malos augurios del Sr. Rato (contrarios incluso a los mensajes de estabilidad lanzados por el propio gobernador del BCE, Jean Claude Trichet) parecen traslucir en el fondo un deseo encubierto de que la subida de tipos se produzca, quizá con la idea de que una polí­tica monetaria más restrictiva colabora para lograr lo que el Gobierno no ha conseguido después de tres años: moderar la inflación hasta los niveles medios de la zona euro y eliminar por tanto ese diferencial que tanto perjuicio está ocasionando a la competitividad de nuestras empresas.

Lo cierto es que unos tipos más elevados podrí­an tan sólo enmascarar la ineficacia de la polí­tica antiinflacionista del Ejecutivo, pero no corregir las causas de los elevados aumentos de precios de nuestro paí­s, que tienen que ver no con un exceso de demanda, sino con la existencia de problemas en los mecanismos de formación de precios de determinados mercados de gran peso (servicios, distribución comercial), que actúan al margen de la competencia ante la pasividad de los poderes públicos.

En todo caso, la atenuación de las tensiones inflacionistas por esta ví­a (algo que ni siquiera es seguro, ni mucho menos permanente), serí­a a costa de castigar a la inmensa mayorí­a de los ciudadanos provocando un encarecimiento del endeudamiento de las familias que, en la situación actual, puede tener efectos dramáticos.

Desde 1996 hasta ahora, y precisamente favorecido por la reducción de los tipos de interés, el endeudamiento de las familias se ha incrementado un 125%, superando ya el nivel medio de la UE. Así­, la deuda de los hogares supone el 80% de su renta bruta disponible, lo que tiene sin duda graves consecuencias sobre la capacidad de ahorro y de afrontar gastos sobrevenidos de las familias.

Según la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares, el 65% de las familias no pueden dedicar dinero al ahorro, y el 55% tiene problemas para llegar a fin de mes. En esta coyuntura, la solución para reducir el nivel de endeudamiento no puede ser elevar su coste, que supondrí­a la imposibilidad de asunción del ya contraí­do para gran número de familias, sino la exigencia de mayores controles para la concesión de los futuros créditos y, sobre todo, la reconducción de los precios de la vivienda, puesto que casi el 70% del total del endeudamiento de las familias corresponde a los créditos para vivienda.

En definitiva, el Gobierno debe ser beligerante en esta materia y defender, como contenido de una polí­tica económica común en la zona euro, el mantenimiento de los tipos de interés en los niveles mí­nimos actuales, asumiendo sus responsabilidades de forma paralela y llevando a cabo a nivel nacional las polí­ticas necesarias para: reconducir la inflación a una senda de moderación similar a la existente en la zona euro;
– moderar los precios de la vivienda, lo que exige una mayor intervención pública en la promoción de viviendas, y un mayor control del sector; establecer la vigilancia y garantí­as pertinentes en el mercado financiero para prevenir un aumento del endeudamiento excesivo; fomentar la actividad económica y el empleo, lo que constituye en sí­ mismo la mejor forma de reducir los peligros del endeudamiento, puesto que eleva en último término la riqueza en manos de las familias y su capacidad de ahorro.