CC.OO. comparte con el Gobierno la incertidumbre del momento económico tras los atentados terroristas a EE.UU. y considera que el ejecutivo debe reducir esta incertidumbre y aumentar la confianza de los ciudadanos, y desarrollarlo en el contenido del Proyecto de Ley de PGE-2002, que hoy el Consejo de Ministros aprueba enviar al Congreso. Para ello, el Gobierno deberí­a profundizar en el diálogo social, alcanzando acuerdos satisfactorios para los trabajadores y la sociedad en general.

Para ello, en una situación como la actual, CC.OO. propone desarrollar polí­ticas públicas anticí­clicas. Los datos conocidos hasta julio de 2001 muestran las dificultades para cumplir el equilibrio presupuestario con la polí­tica tributaria puesta en práctica. Tal como CC.OO. habí­a anunciado, desde hace tres años, la reforma del IRPF ha creado una estructura tributaria injusta, al estar apoyada en exceso en los impuestos sobre el consumo, y además muy débil ante oscilaciones del ciclo económico.

CC.OO. duda sobre el cumplimiento de los objetivos del Gobierno en materia presupuestaria, tanto en 2001 como en el año próximo, si no cambian las actuales condiciones exteriores, ya que los datos hasta julio 2001 muestran un hundimiento de la recaudación por IVA (-4,2% nominal) limitando severamente la capacidad de obtener los ingresos necesarios, hasta el punto de que el Gobierno se está apoyando en el fuerte crecimiento de las cotizaciones sociales (+10% hasta mayo) y en una limitada ejecución de los compromisos en inversiones (capí­tulo de inversiones y transferencias de capital al 30% hasta julio) para cuadrar el presupuesto.

Según datos de CC.OO., de no haberse aplicado la reforma del IRPF, el año que viene se dispondrí­an de 800.000 millones adicionales que permitirí­an elaborar cómodamente un presupuesto anticí­clico, sin por ello renunciar a una estabilidad presupuestaria. Con este dinero se podrí­a haber aumentado el consumo (prestaciones por desempleo y servicios de dependencia) y la inversión, con equilibrio presupuestario o un saldo ligeramente negativo.

CC.OO. reitera al Gobierno, de forma rotunda, que no asumirá ningún recorte de la prestación por desempleo. En ningún caso, son asumibles decisiones estructurales adoptadas a partir de una situación coyuntural, que además ha sido creada de forma consciente por el Gobierno, pero menos aún, si se trata en materia de protección al desempleo. Para CC.OO., la cobertura actual no sólo no es excesiva, sino que debe ser aumentada a las personas paradas de larga duración con cargas familiares y sin rentas alternativas.

Por último, CC.OO. recuerda que los empleados públicos están disminuyendo su capacidad de compra debido a las sucesivas decisiones del Gobierno en materia de previsión de inflación, y que las propuestas realizadas para 2002 no mejoran la situación, y que la no revisión del SMI, reduce el poder adquisitivo de los trabajadores en peor situación.