El colectivo social, objetivo preferente de las polí­ticas de inclusión social estarí­a integrado por 1.739.800 personas que viven en lo que Cáritas denomina pobreza severa, los tramos de pobreza grave y pobreza extrema, que están por debajo del 25 por 100 de la Renta de Distribución Neta. CC.OO. recuerda que el gasto público en protección social en España se sitúa cinco puntos por debajo de la media comunitaria (22 por ciento frente al 27 por ciento de la Unión Europea), encontrándose en el penúltimo puesto, sólo por delante de Irlanda y ya por detrás de Grecia y Portugal. El gasto en España ha disminuido en 3,1 puntos desde 1993 y mantiene, prácticamente, el mismo diferencial que el que existe en 1980.

El gasto público en protección social coloca a nuestro paí­s en el furgón de cola de la Unión Europea, solo por delante de Irlanda. Si nos referimos a aspectos más concretos de la protección social que afectan muy directamente a la inclusión social, como la vivienda, el gasto social de España está en el 0,1 por 100 del PIB (frente al 0,6 por 100 de la UE); en protección a la familia en el 0,4 por 100 (frente al 2,2 de la UE); y en exclusión social en el 0,1 por 100 (frente al 0,4 por 100 de la UE). CC.OO. considera imprescindible que el Ministerio de Trabajo profundice la dinámica de participación social, siendo receptivo a las propuestas de los agentes sociales y de las ONG.

CC.OO. denuncia también que la cobertura asistencial para las personas en situación de pobreza severa es muy reducida, dos terceras partes de la población en situación de pobreza severa no tiene protección económica alguna ( Según datos estimados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, las personas que reciben Rentas Mí­nimas de Inserción superarí­an las 70 mil, es decir un nivel de cobertura del 4 por 100, un porcentaje que se elevarí­a al 35 % si sumamos las Pensiones Asistenciales y las Pensiones No Contributivas de Vejez e Invalidez)

Con los datos mencionados, se advierte que 1.128.335 personas, prácticamente dos terceras partes de la población en situación de pobreza severa, no tiene protección económica alguna. Y si del ámbito estricto de la pobreza severa pasamos al de la pobreza moderada, las 3.569.800 personas incluidas en este tramo, hay que resaltar que en la actualidad solo el 55,5 por 100 de los parados inscritos en las oficinas de empleo tienen cobertura, contributiva o asistencial. Igualmente, en el ámbito de la precariedad social, 3.199.400 personas, se puede hacer referencia a las pensiones con complementos de mí­nimos que ascienden a 2.425.180, o desde otro ángulo, las 2.095.000 pensiones de la Seguridad Social que están por debajo de las 55.000 pesetas mensuales.

En un informe elaborado por la Secretarí­a de Polí­tica Institucional de CC.OO. se afirma que la suma de todas las prestaciones citadas, a las que se pueden incorporar 81.951 prestaciones de la LISMI y 14.404 prestaciones no contributivas por hijo a cargo, el total de las prestaciones económicas por todos los conceptos que se podrí­an relacionar de alguna manera con situaciones de pobreza, ascenderí­an a 3.868.320, lo que representa un nivel de cobertura del 45 por 100. Por tanto, este es el escenario más favorable de cobertura; todo ello, al margen de la intensidad de esa protección, que es baja.