UGT confí­a en que las normas que han entrado en vigor esta semana contra la siniestralidad laboral, y que son fruto del consenso social, contribuyan a atajar los accidentes de trabajo.

Éstas, que modifican la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, aseguran un mejor cumplimiento de la normativa y obligan a las empresas a elaborar y implantar un plan de prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo .

No obstante, el sindicato alerta que mientras no se combata la excesiva temporalidad que atenaza nuestro mercado de trabajo no se acabará con la siniestralidad laboral: el 60% de los accidentes de trabajo, el 50% de los accidentes mortales y el 55% de los accidentes graves afectan a trabajadores con contrato temporal. En este sentido, hace un llamamiento al diálogo social para adoptar medidas legislativas y administrativas que recuperen la calidad del empleo, tal y como recoge en su "Petición para mejorar la estabilidad en el empleo y la seguridad en el trabajo". Una petición que se presentó al Senado, en febrero de este año, después de que el PP rechazara, en solitario, en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular sobre el mismo tema.

UGT considera que no basta con haber reformado y mejorado la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) para atajar la siniestralidad laboral. Esta reforma, fruto del acuerdo alcanzado por el Gobierno con los agentes sociales el pasado 30 de diciembre, persigue dos objetivos: favorecer la integración de la prevención en los procesos productivos (se establece así­ la obligación de las empresas de elaborar e implantar en los centros de trabajo un plan de prevención de riesgos laborales) y mejorar el cumplimiento de la normativa preventiva.

En este sentido, se tipifica como infracción grave la no inclusión de la actividad preventiva en la empresa y se impulsan las actuaciones de control de la Inspección de Trabajo, con un incremento de 700 nuevas personas a dichas funciones.

Sin embargo, esta reforma, aunque positiva, es insuficiente mientras no se combata la excesiva temporalidad que atenaza a nuestro mercado de trabajo, porque está demostrada la estrecha interrelación entre siniestralidad y precariedad laboral. Los trabajadores con contratos temporales acaparan el 60% de los accidentes de trabajo, el 50% de los accidentes mortales y el 55% de los accidentes graves.

Los jóvenes son la muestra palpable de esta realidad: el 21% del total de accidentes con baja en 2002 los sufrieron jóvenes menores de 24 años (el 76,1% de ellos tení­a un contrato temporal).

Ante esta evidencia, el sindicato hace un llamamiento al diálogo social para adoptar medidas legislativas y administrativas que recuperen la calidad del empleo, tal y como recoge la "Petición para mejorar la estabilidad en el empleo y la seguridad en el trabajo". Una petición que el sindicato presentó en el Senado, en febrero de este año, después de que el Partido Popular rechazara, en solitario, en el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular sobre el mismo tema.

Para UGT sólo frenando la temporalidad y precariedad de los empleos será posible acabar con la siniestralidad laboral.