Con la excusa de solucionar los deficiencias que actualmente adolece el sistema de abastecimiento el equipo de gobierno de la ciudad complutense ha iniciado este proceso privatizador que incluye la cesión de su derecho de representación en los organismos relacionados con el agua (Mancomunidad de Aguas del Sorbe, Confederación Hidrográfica, Canal de Isabel II, etc.). Una decisión que afectará también a miles de habitantes que residen en las poblaciones abastecidas por la mancomunidad en Guadalajara capital y otros municipios de la provincia.

Además, esta decisión, de aplicarse únicamente con criterios económicos (la gestión empresarial se basa en la maximización de los beneficios, que serán mayores cuanta más agua se venda, agua que será extraí­da de los rí­os para colocarla en el mercado) acarreará graves consecuencias ambientales, sociales, culturales y también económicas derivadas del más que posible colapso hí­drico de los rí­os Sorbe y Henares.
En cualquier caso, la medida propuesta no podrá por sí­ misma solucionar las carencias de agua actuales, las cuales no solamente son achacables a los ciclos climáticos, detrás de esta escasez hay también un desmesurado incremento de los consumos, descontrol en los suministros, enormes pérdidas en el abastecimiento, precios subvencionados que no fomentan el ahorro, cultivos inadecuados a nuestra climatologí­a y procesos industriales no eficientes en el consumo del agua y, por el contrario, contaminantes. Mientras no se actúe sobre las causas, ninguna gestión pública o privada podrá aliviar las tensiones que periódicamente se padecen.

Por todo ello los colectivos de defensa ambiental agrupados en "Jarama Vivo" creemos que antes de tomar una decisión de esta magnitud es necesario abrir un debate en el que participen todos los actores sociales. En este sentido nos hemos dirigido a diversas administraciones de Guadalajara su intervención para paralizar el proceso privatizador hasta que se haya alcanzado el consenso social necesario.