El Consejo Nacional de Transportes Terrestres ha recibido una ampliación urgente del orden del dí­a de la reunión convocada para el dí­a 18 de los corrientes sin que, en la convocatoria, se adjunten los textos objeto de discusión que tienen que ver con el desarrollo de la Ley Ferroviaria sobre los que el citado Consejo deberá emitir dictamen (Real Decreto que aprueba el Reglamento del sector Ferroviario, y los proyectos de estatutos de las dos entidades públicas que se crean, RENFE Operadora y ADIF).

El Consejo Económico y Social (CES), cuando el pasado mes de enero emitió su dictamen relativo a la Ley Ferroviaria, solicitaba, "dada la relevancia reguladora que tendrá el desarrollo reglamentario de la Ley"¦"¦..que se someta a dictamen del CES aquellos desarrollos normativos de especial relevancia en su ámbito consultivo".

Las organizaciones sindicales, por nuestra parte, recabamos en su momento el compromiso del Ministerio de Fomento de que cuando éste tuviera una opinión concreta sobre aspectos pendientes de desarrollar de la citada Ley, serí­amos escuchados.

A dí­a de hoy, cuando ni a CC.OO. ni al CES se le han hecho llegar de forma oficial los textos de referencia, nos encontramos con una sorprendente ampliación del orden del dí­a del Consejo Nacional de Transportes Terrestres.

Desde hace más de 10 dí­as CC.OO. tiene acordada una reunión con el Secretario de Estado del Ministerio de Fomento, D. Benigno Blanco, para el próximo dí­a 22 de los corrientes al objeto de abordar aquellas cuestiones pendientes del desarrollo reglamentario de la Ley Ferroviaria.

Nos consta que RENFE dispone desde hace dí­as, de los correspondientes borradores a los que ha presentado más de 140 alegaciones.

En este contexto, llama poderosamente la atención que, con la máxima celeridad, el Ministerio convoque una reunión y amplí­e sorprendentemente su orden del dí­a, cuatro dí­as

antes de la prevista con CC.OO., sin darnos la oportunidad, comprometida por el propio Ministerio, de ser escuchados al respecto.

Todo indica que el Gobierno, con su mayorí­a absoluta, aprieta el acelerador de la Ley Ferroviaria ante un escenario incierto y no duda en poner en peligro el periodo transitorio en el que está comprometido a negociar con los sindicatos la adaptación de Renfe al nuevo escenario.

Mientras tanto, CC.OO. insiste en que queda pendiente una solución clara y definitiva al problema de la deuda, aun hoy sin resolver, así­ como conocer si finalmente el Estado asumirá o no alguna parte de la misma.
En relación con esto, están por definirse programas para concretar asignaciones presupuestarias reales al desarrollo de la Ley que garanticen su futuro.
Hacen falta también planes de viabilidad, entre otros, para las UNEs de Cargas y Transporte Combinado, que en este momento soportan pérdidas significativas, así­ como planes industriales para la UNE de Mantenimiento Integral de Trenes (MIT).

Queda pendiente la adscripción de activos y personas a cada uno de los entes, lo que puede condicionar de forma importante el futuro del operador público. Debe definirse la permeabilidad del personal entre ambos entes públicos, así­ como los mecanismos que garanticen, de manera eficaz, la coordinación de los sistemas de explotación ferroviaria, de su seguridad y de su viabilidad futura.

El Ministerio y el Gobierno ignoran que, sin el concurso entre otros de CC.OO., el recorrido en que se aventura, es muy corto y plagado de dificultades.

CC.OO., pese a todo, sigue apostando por el consenso, no por las precipitaciones derivadas de la agenda polí­tica, y menos en una materia que, en nuestra opinión, es cuestión de estado y como tal debe ser abordada.