CC.OO. reclama la modernización del tejido productivo, polí­ticas de empleo y de igualdad de oportunidades y el reforzamiento de la polí­tica social

Tras la reunión mantenida por delegaciones de CC.OO. y UGT de Madrid, encabezadas por sus secretarios generales, Javier López y José Ricardo Martí­nez, respectivamente, con los Concejales de Hacienda, Empleo y Servicios Sociales y Economí­a y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, Javier López ha manifestado que "la presentación pública de los Presupuestos municipales 2004 a los sindicatos y empresarios es un paso importante con respecto a la etapa anterior. El siguiente paso, dado el carácter novedoso de estos Presupuestos, serí­a incrementar el nivel de consulta y participación en la elaboración de los mismos en el futuro".

Según López, "se trata de unos Presupuestos expansivos, que crecen un 29 por ciento y un 23 por ciento si se tiene en cuenta a las Empresas Municipales. El crecimiento de la inversión puede tener efectos positivos para la dinamización de la economí­a madrileña y el empleo en la capital. No obstante, el Estado sigue sin resolver el problema del ahogo financiero de las haciendas locales, que tienen que recurrir a la subida de los impuestos, al endeudamiento o a obtener dinero del suelo público para acometer las inversiones necesarias. Los Presupuestos 2004 parecen intentar compensar el atraso inversor de la etapa Alvarez del Manzano".

Con respecto a los ingresos previstos en los Presupuestos Municipales, el sindicalista opina que "la polémica desatada por Rato en torno al Impuesto de Bienes Inmuebles ha sido estéril. El valor catastral de los inmuebles, actualizado en 2001, tiene serias deficiencias porque lo hizo una contrata y se da la paradoja de que pisos similares en la misma zona tienen valores muy distintos. Además, el problema es que no se ha actuado sobre el tipo impositivo del IBI, sino eliminando las bonificaciones y deducciones. El tipo aplicado en Madrid es de los más bajos entre las grandes capitales e inferior al de muchas grandes localidades de la región. Hubiera sido más útil aplicar un tipo impositivo diferenciado en función de los valores catastrales, las condiciones y circunstancias personales, y las hipotecas y cargas que afectan al inmueble. Esto permitirí­a que una familia numerosa, un pensionista con rentas bajas o una persona con cargas familiares no compartidas pagasen un IBI reducido, mientras que un propietario de varios pisos cerrados podrí­a pagar el tipo máximo".

Javier López considera "inoportuna" la subida de tasas para los niños o los mayores en la utilización de piscinas e instalaciones deportivas, que llegan al 49 por ciento en algunos casos. Igualmente la subida de tasas, como la de saneamiento de agua, "deberí­a producirse en función de los consumos y valorando los que tienen carácter suntuario".

En cuanto a los gastos, López echa de menos "abordar el problema de las diferencias económicas y sociales entre distritos que afectan especialmente al empleo y la protección social. Muchas inversiones van dirigidas al Madrid 2012 o a proyectos urbaní­sticos emblemáticos, mientras que las polí­ticas de empleo e igualdad pesan tan sólo un 3 por ciento de los Presupuestos; la educación el 1 por ciento; los mayores el 1 por ciento; o la inmigración el 0,2 por ciento. Es cierto que crecen estos apartados, pero siguen pesando poco en el conjunto del Presupuesto".

El sindicalista reclamó que "temas como la Agencia de Empleo, el Instituto de Desarrollo, la atención a las dependencias de la infancia, los discapacitados y los mayores y las polí­ticas para consolidar el tejido productivo y generar empleo estable son muy importantes y requieren una apuesta decidida con recursos económicos suficientes".

Javier López culminó alertando sobre "los riesgos de que se apueste por privatizar la gestión de servicios públicos, como parece desprenderse de ese 17 por ciento del Presupuesto que se transfiere directamente a gestores privados, lo cual sólo termina por deteriorar la calidad de los servicios públicos y aumentar la precariedad en el empleo. CC.OO. también echa de menos una polí­tica de vivienda acordada, que permita convertir la misma en un bien accesible al tratarse de un derecho constitucional".