El Parlamento Europeo ha rechazado, por 229 votos en contra, 209 a favor y 16 abstenciones el Proyecto de Directiva sobre Servicios Portuarios, constatando de un lado la derrota de las posiciones del Grupo Popular del Parlamento Europeo y principalmente del Partido Popular español que impulsó la citada Directiva a través de su Comisaria Europea, Loyola de Palacio.

La Directiva pretendí­a una liberalización salvaje del sistema portuario europeo y, contra ella, se han movilizado en los últimos años tanto los estibadores españoles como los estibadores europeos liderados por ITF-ETF con la participación en nuestro paí­s de CC.OO. Y UGT. Estas movilizaciones han culminado con el rechazo de la citada Directiva por el Parlamento Europeo logrando, de esta forma, evitar lo que hubiera supuesto la desregulación salvaje de este colectivo a través de la denominada "autoasistencia".

Este éxito se ve empañado en el ámbito español por la modificación de la Ley de Puertos, aprobada por el Parlamento Español el pasado 7 de Noviembre, fruto de un Acuerdo previo entre Puertos del Estado, la patronal Anesco y el sindicato gremial Coordinadora de Estibadores Portuarios, acuerdo que se vislumbra en el preámbulo y exposición de motivos de la Ley española, en el que se manifiesta que la citada modificación de Ley se realiza al amparo de la Directiva Europea hoy rechazada, en el que se evidencia que los firmantes estaban convencidos de su aprobación definitiva por el Parlamento Europeo.

El definitivo rechazo por el máximo órgano europeo, que a la postre ha dado la razón a los sindicatos de clase españoles CC.OO. y UGT, que hemos venido rechazando tanto el citado acuerdo, como la introducción en la Modificación de la Ley de Puertos, deja esta última norma en una posición de absoluta precariedad que debe ser corregida.

Por todo ello CC.OO. entiende que el rechazo obtenido en el ámbito europeo del citado Proyecto de Directiva deslegitima los aspectos que, de este proyecto, se han introducido en la Ley española y que ello deberí­a ser objeto de reflexión por parte del Gobierno español, el cual entendemos está obligado a modificar en consecuencia aquellos términos como el de la "autoasistencia" introducidos en la Ley.

CC.OO., junto a las organizaciones que han rechazado en su momento ambos proyectos, va a continuar demandando la retirada definitiva en la legislación española de los aspectos que, sobre el servicio público de estiba, ha desautorizado expresamente el Parlamento Europeo, con el compromiso de seguir liderando las movilizaciones que sean necesarias hasta conseguirlo