Para UGT, este es el resultado de un plan que puede quedar en papel mojado porque carece de compromisos reales, no obliga a su cumplimiento y nace sin tener en cuenta la opinión de los agentes sociales, ya que sindicatos y empresarios, únicos interlocutores adecuados para abordar cuestiones relacionadas con el ámbito laboral, no han participado en el diálogo abierto para elaborar dicho plan.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Acción de las Personas con Discapacidad 2003-2007. Plan que no se ha sometido a consulta ni a negociación con los Agentes Sociales, a los que únicamente se les ha remitido un borrador consensuado entre Gobierno y Organizaciones de personas con discapacidad. Para UGT es necesario que también exista una participación de los Agentes Sociales entendiendo por estos a las Organizaciones Sindicales y Empresariales como los interlocutores adecuados a la hora de abordar cuestiones relacionadas con el ámbito laboral y la integración en el mercado de trabajo de las personas con discapacidad.

El Plan presentado por el Gobierno persigue cuatro objetivos fundamentales: desarrollar un sistema de protección integral a las personas con graves discapacidades y a su familias; Promover la inserción laboral de las personas con discapacidad; Promover la plena accesibilidad de todos los edificios, servicios y tecnologí­as; Y garantizar la igualdad de todas las personas con discapacidad en el acceso a las prestaciones y servicios sociales.

Dentro del capí­tulo especí­fico de polí­ticas activas de inserción laboral de las personas con discapacidad existen medidas que deberán ser desarrolladas por los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En la regulación de estas medidas, como es el caso de los contratos de formación o los enclaves laborales, no sólo no ha participado el sindicato, sino que incluso no las compartimos según se encuentran regladas, siendo la mayorí­a de ellas fruto del acuerdo MTAS-CERMI, en el que en ningún momento UGT ha formado parte.

UGT considera que se debe velar para que el Plan se cumpla y las actuaciones y medidas propuestas no se establezcan meramente de una manera indicativa. Según establece el propio Plan, para que las medidas incluidas en las lí­neas de actuación sean desarrolladas y aplicadas, es necesario que sean asumidas y aceptadas por el organismo competente, y a su vez sean dotadas presupuestariamente. Basta con que estas lí­neas no se asuman, para que tengamos un plan que no sólo esté vací­o de contenido sino también de compromisos.

A su vez, figuran en el plan medidas que ya se están desarrollando o ya han sido aprobadas, como por ejemplo la Ley de Protección del Patrimonio de las personas con discapacidad y la Ley de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación.

Otro punto a destacar es el encargo que se efectúa a la negociación colectiva respecto a la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas con discapacidad grave. Desde UGT consideramos oportuna su regulación, a la vez que compartimos la preocupación hacia este colectivo, pero ésta no es la forma adecuada. Debe realizarse a través de una ley especí­fica que lo regule, bien a través de la modificación del Estatuto de los Trabajadores o de la Ley de Conciliación de la vida laboral y familiar.

En general, las medidas van encaminadas hacia distintas regulaciones laborales, tales como el impulso del teletrabajo, regulación de los enclaves laborales, acceso condicionado a las prestaciones vitalicias de invalidez, potenciación de marcos de diálogo en materia de empleo público, desarrollo I+D, adecuación de subvenciones... Medidas, todas ellas, que sin un control efectivo y una dotación económica no sólo no serí­an efectivas, sino que no llegarí­an a implantarse.

Finalmente, UGT considera conveniente que se establezcan criterios de evaluación y seguimiento de las polí­ticas para poder determinar su eficacia. Es importante que se analicen según el grado de discapacidad para disponer de unos indicadores en los que se ponga de manifiesto el cumplimiento de la legislación en materia de discriminación y así­ poder adaptar o readaptar las polí­ticas al grado de discapacidad analizando si a una mayor discapacidad existe mayor grado de discriminación.