Las preocupaciones de Amnistí­a Internacional en Marruecos son sobre Tortura, "desapariciones" y la falta de libertad de expresión, como demuestra la encarcelación del periodista Alí­ Lmrabet.

Tortura en Marruecos

En los últimos dos años, en el Reino de Marruecos, se ha producido un incremento en los casos de tortura y malos tratos. Islamistas acusados de estar implicados en actos violentos, miembros de organizaciones de derechos humanos marroquí­es y activistas saharauis han sido objeto de dichas prácticas. El Gobierno español deberí­a promover que el Gobierno de Marruecos incluya en su legislación la definición de tortura según establece la Convención contra la Tortura.

Desaparecidos

El recurso a la "desaparición" de saharauis por parte de las autoridades marroquí­es comenzó a finales de 1975. Hombres, mujeres y niños de todas las capas sociales fueron detenidos en lugares secretos donde la tortura y los malos tratos eran la regla. Las autoridades de Marruecos siguen oponiéndose a admitir la existencia de cientos de "desaparecidos". Las familias tienen derecho a saber y a recibir una compensación. Selma Al-Daf, Bachir Selma, Brahim Hazaña, Ahmed Sudu, H. Abdellah Boujemaa, M. Ayyad Omar y M. Bilal Al-Bachir son un claro ejemplo de "desaparecidos". Desde la Sección Española, los grupos de Palma de Mallorca, Lugo y Santiago de Compostela trabajan para que estos casos no queden en el olvido.

Libertad de expresión

El periodista Alí­ Lmrabet se encuentra en prisión desde hace seis meses, únicamente por la expresión legí­tima y pací­fica de sus convicciones.
Amnistí­a Internacional lo ha declarado preso de conciencia y exige su libertad inmediata e incondicional. Además, la organización manifiesta su preocupación por las alegaciones que hace el periodista de malos tratos en prisión y pide al Gobierno marroquí­ que reforme la legislación que dispone la imposición de penas de prisión por el mero ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Devoluciones de menores

En relación a los acuerdos con el Gobierno marroquí­ para la repatriación de menores, Amnistí­a Internacional recuerda que el Estado español tiene la obligación, en virtud de la Convención de los derechos del niño, de proteger y amparar a todos los menores que estén en su territorio. La organización recuerda que la instrucción cursada por la Fiscalí­a General del Estado español, el pasado 23 de octubre de 2003, supone una vulneración formal sin precedentes en España de los derechos humanos de los menores e incumple con las obligaciones del Estado español de proteger y amparar a todos los menores de edad que se encuentran en su territorio. Amnistí­a Internacional ha hecho público un documento en el que detalla todas sus preocupaciones respecto a esta instrucción