"Esta ley legaliza la discriminación en la sociedad salvadoreña" ha afirmado Amnistí­a Internacional, haciendo referencia a varios aspectos de la legislación.

La Ley "Anti Maras" se basa en la apariencia fí­sica y ámbito social de las personas, haciendo referencia directa a tatuajes y sí­mbolos de identificación tí­picos de estos grupos, además de referirse en gran medida a menores de edad, a quienes se los juzga como adultos en las cortes de Justicia. "Es irónico que una legislación que pretende disminuir los altos í­ndices de criminalidad esté en contradicción con normas internacionales de derechos humanos de las que el paí­s es parte y la misma Constitución Nacional", señaló Amnistí­a Internacional.

Así­mismo, la ley ha generado una serie de ataques por parte de miembros del Poder Ejecutivo contra funcionarios del poder judicial que se niegan a aplicar esta ley por considerarla inconstitucional y que viola los tratados internacionales de los que El Salvador es parte. "Estos ataques vulneran la integridad profesional de los funcionarios del Poder Judicial y pueden poner en peligro su seguridad fí­sica", dijo Amnistí­a Internacional.

En su carta, Amnistí­a Internacional también solicita a las autoridades salvadoreñas que analicen las razones básicas que han generado el alto nivel de actividad criminal -incluyendo el problema de delincuencia entre los jóvenes - y que sólo a partir de ese análisis diseñen y pongan en práctica normas y polí­ticas que lleven a soluciones reales y eficaces, en lí­nea con las normas del estado de derecho.

"Los problemas económicos, sociales, educativos, la falta de oportunidades y la disponibilidad de armas entre los grupos de jóvenes deberí­an ser el aspecto clave de cualquier programa de gobierno que busque solucionar el problema de la violencia de manera seria", subrayó Amnistí­a Internacional.

"Mientras no se aborden estos temas fundamentales, las iniciativas como el Plan "Mano Dura" y legislación puramente represiva como la Ley "Anti Maras", no harán más que desperdiciar recursos y aumentar la población de las ya superpobladas prisiones", concluyó Amnistí­a Internacional.