La Federación de Enseñanza de CC.OO. recurrirá ante la Comisión Europea los últimos despidos de profesoras de Religión católica en Almerí­a, Málaga y Canarias por causas vinculadas a la vida privada de éstas. Para ello apelará a una directriz de la Comisión de Cultura de la Unión Europea en la que se contempla que nadie puede ser represaliado por su religión, convicciones polí­ticas u orientación sexual. Para acogerse a la Directiva europea no es necesario agotar las ví­as judiciales en España.

La abogada del sindicato, Carmen Perona, precisó que la organización recurrirá al Tribunal Europeo de Estrasburgo sólo cuando no haya más ví­as por las que recurrir. Según CC.OO., la jerarquí­a de la Iglesia católica ha vulnerado dicha directriz al despedir a estas profesoras de Religión sin darles la oportunidad defenderse.
El sindicato denunciará los Acuerdos suscritos en 1979 por el Estado Español y la Santa Sede en los que se regula la enseñanza de la Religión, así­ como el Acuerdo de 1999 firmado por el entonces ministro de Educación, Mariano Rajoy, por el que la Administración se compromete a abonar los sueldos a los profesores de Religión aunque sean las diócesis las que propongan su nombramiento.

El objetivo es conseguir la equiparación de los derechos del profesorado de Religión con los del resto de los trabajadores. "Es inexplicable que a estas alturas haya un colectivo de 14.000 docentes privados de derechos constitucionales y al margen del Estatuto de los Trabajadores", comentó Fernando Lezcano en la rueda de prensa en la que abordó los principales cuestiones del nuevo curso escolar.

El secretario general de la Federación acusó al Gobierno del PP de mantener la indefensión de este colectivo "en una clara actitud de servidumbre a los dictados de la jerarquí­a eclesiástica". Asimismo reprochó al Ejecutivo su intento de utilizar este asunto como arma arrojadiza contra la oposición.

Fernando Lezcano se mostró muy crí­tico con el proyecto de Ley de Universidades remitido por el Gobierno al Parlamento para su próxima discusión. Dijo que "el pánico escénico" llevó al Gobierno a dar luz verde al proyecto en ví­speras de las vacaciones de verano, esquivando el inicio del curso y una posible conflictividad.

Según el secretario general de la Federación, el proyecto de ley supone un ataque frontal a la autonomí­a universitaria, deja sin normativa al personal de administración y servicios y no garantiza un plan de financiación que homologue la universidad española con las de los paí­ses de la UE, con las de las comunidades autónomas y con las propias universidades españolas. Además subrayó que se ha suprimido un complemento retributivo del profesorado cuando seis gobiernos autonómicos ya han pactado los incrementos salariales.

Con respecto a la anunciada Ley de Calidad de la Educación, Lezcano aludió al retraso en la elaboración de la norma anunciado por la ministra Pilar del Castillo, comentando que espera que este nuevo aplazamiento no sirva para "buscar el momento más oportuno para imponer sus planes o para dejar las cosas como están, no adoptando las medidas urgentes que necesita el sistema educativo".

CC.OO. quiere que la Ley recoja algunas medidas tales como el refuerzo de la autonomí­a de los centros y de la capacidad de gestión de los directores, manteniendo la elección democrática de éstos, un incremento de recursos humanos y materiales para los centros, la reducción del número de alumnos por aula y el reforzamiento de los programas de compensación de desigualdades ante una población escolar heterogénea y el aumento de alumnos inmigrantes.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. reclamó un respaldo expreso para la escuela pública y su equiparación con la red educativa de la UE y entre los centros de las comunidades autónomas, así­ como un plan de financiación para poder aplicar las medidas que se prevean en la Ley de Calidad. En cuanto al profesorado, Lezcano pidió que se le preste una atención especí­fica para su revalorización social, mediante incentivos.