Greenpeace, WWF-Adena y Ecologistas en Acción se han dirigido por carta al ministro de Economí­a y a la ministra de Medio Ambiente para hacerles llegar su posición sobre el complejo asunto del comercio europeo de emisiones de CO2. El Gobierno lleva tiempo negociando con los sectores implicados la elaboración del Plan Nacional de Asignación (PNA) a espaldas de la opinión pública y agentes sociales, a pesar de que la transparencia y la participación social son requisitos legales.

Los ecologistas reclaman que el total de derechos de emisión a repartir entre los sectores implicados* no supere en ningún caso un 15% más de lo que emitieron en 1990, de manera que, al menos, cumplan con su parte del objetivo de Kioto. Estos sectores generaron entre el 45% y el 50% de las emisiones de CO2 españolas en 2001, y en caso de que una instalación supere las emisiones que se le asignarán, deberá comprar estos derechos de emisión en este nuevo mercado.

"El Comercio de Emisiones es ahora mismo una herramienta fundamental para conseguir que las empresas inviertan en tecnologí­as limpias y dejen de aumentar las emisiones de CO2. Pero su eficacia depende de cómo asigne el Gobierno los derechos y en qué cantidad" -ha declarado Emilio Rull, responsable de la Campaña de Cambio Climático de Greenpeace

Los ecologistas consideran que el mejor método de reparto de derechos de emisión es mediante subasta, ya que provee mayores incentivos para inversiones en energí­as renovables, eficiencia energética y gestión de la demanda. Sin embargo sólo hay un 5% del total a repartir mediante este sistema, siendo el resto de derechos de emisión gratuito para las empresas, debiéndose definir el criterio de reparto en el PNA. El criterio más adecuado serí­a el de una cuota fija de derechos de emisión por unidad de producción, y no el CO2 emitido o consumo energético, de manera que se favorezcan los procesos más limpios.

Respecto a las nuevas instalaciones que se pudieran poner en marcha, según los ecologistas, éstas deberí­an adquirir sus derechos de emisión en el mercado o por subasta. La posibilidad de transferir derechos de emisión de una instalación que cierra a una nueva instalación del mismo titular, es un incentivo para cerrar plantas de gran intensidad de carbono, y se deberí­a permitir guardar sus derechos de emisión hasta el final del perí­odo 2005-2007, pero no se deberí­an asignar derechos de emisión excesivos a instalaciones que estén planificando el cierre. En ningún caso debe suponer un aumento del total de los derechos de emisión.

Mientras tanto las empresas afectadas ya han comenzado una campaña de protestas contra el Protocolo de Kioto porque se encuentran obligadas a comprar derechos. "Serí­a inadmisible que los ciudadanos tuviésemos que pagar lo que las empresas han contaminado. Para no comprar derechos de emisión, lo que deben hacer las empresas es invertir para contaminar menos, no pedir al Gobierno que les subvencione con tarifas más altas o impuestos. Hay que aplicar el principio "el que contamina paga" - añadió Rull.