El vicepresidente de Colombia, Francisco Santos Calderớn, se reunirá hoy con el alto representante de la UE para la Polí­tica Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana, y mañana, con el Comisario de Asuntos Exteriores, Chris Patten.

También hoy, va a participar en una mesa redonda junto con el director de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, el asesor especial de secretario general de la ONU para Colombia, representantes de instituciones y de Estados miembros de la UE y delegados de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. En la mesa redonda se hablará del grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la ONU en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

Amnistí­a Internacional recuerda que, tras entablar negociaciones con la UE, el gobierno colombiano contrajo, en el último periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, el compromiso formal de aplicar recomendaciones especí­ficas formuladas por la ONU en materia de derechos humanos.

Tales recomendaciones se refieren a la necesidad de garantizar que se lleva ante la justicia a los autores de violaciones y abusos contra los derechos humanos, se disuelven los grupos paramilitares, se desmantelan las estructuras de tipo paramilitar recién legalizadas y se garantiza la protección de los sectores vulnerables de la sociedad civil. La ONU ha pedido también que la guerrilla respete totalmente el derecho internacional humanitario.

Ha habido muy poco o ningún avance en la aplicación de las recomendaciones de la ONU; de hecho, el gobierno está poniendo en práctica polí­ticas que las contradicen. Las autoridades colombianas están adoptando una actitud cada vez más hostil hacia las organizaciones de derechos humanos y otros grupos cí­vicos, poniéndoles serios obstáculos que menoscaban su trabajo su seguridad.

El director de la Oficina de Amnistí­a Internacional ante la UE, Dick Oosting, ha manifestado: "A Amnistí­a Internacional le preocupa que, según informes, los grupos paramilitares no sólo no se estén disolviendo, sino que se estén convirtiendo en empresas privadas de seguridad en lugares como Medellí­n, donde se está presionando a la población civil para que pague por sus servicios. No hay tampoco garantí­as de que no se incorporarán a otras estructuras creadas por el gobierno, como el ejército de "soldados campesinos".

Al igual que la UE, Amnistí­a Internacional ha pedido reiteradamente al gobierno colombiano que tome medidas decisivas para combatir y disolver los grupos paramilitares e investigar su vinculación con las fuerzas de seguridad del paí­s.

Por otro lado, hace tan sólo dos semanas, el Comité contra la Tortura, de la ONU, expresó honda preocupación respecto de nuevas leyes antiterroristas que podrí­an justificar el uso de la tortura. Estas leyes confieren atribuciones judiciales al ejército y suspenden la pena en el caso de los grupos armados que se desarmen voluntariamente, incluso si están acusados de graves violaciones de derechos humanos.

"Estas nuevas medidas contradicen las afirmaciones más recientes del gobierno colombiano -ha manifestado Dick Oosting-. En la declaración que hizo tras la reunión sobre apoyo internacional a Colombia celebrada en Londres en julio dijo que iba a aplicar las recomendaciones de la ONU sobre derechos humanos."

El director de la Oficina de Amnistí­a Internacional ante la UE ha señalado también: "Si la UE permite que gobierno colombiano incumpla sus compromisos sobre derechos humanos, menoscabará los esfuerzos de la ONU por contribuir a resolver la crisis de derechos humanos del paí­s. Sin la aplicación de las recomendaciones de la ONU, la UE no puede tener garantí­as de que su ayuda no servirá para cometer nuevos abusos contra los derecho humanos".