Tras la muerte en Iraq el pasado sábado 29 de noviembre de siete miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (CSCA), reiterando lo ya indicado en su comunicado del 27 de julio relativo al enví­o a ese paí­s de tropas españolas como fuerzas de ocupación [véase: Comunicado del CSCA: Las tropas españolas en Iraq son fuerzas de ocupación y se enfrentarán a la legí­tima resistencia iraquí­], desea señalar lo siguiente:

1. Considerar responsable de las muertes de los siete agentes del CNI al gobierno del presidente Aznar por cuanto, tras apoyar la agresión ilegal contra Iraq de EEUU y Reino Unido, ha profundizado su alineamiento con la Administración Bush y el gobierno Blair implicándose en la ocupación del paí­s, un acto igualmente ilegal, participando en la Administración Provisional de la Coalición y aportando un contingente de tropas, al que se han sumado, tras comprar la voluntad de sus gobiernos, fuerzas de paí­ses centroamericanos.

El gobierno Aznar, al reiterar tras la acción que ha costado la vida a los siete miembros del CNI su determinación de seguir apoyando y participando en la ocupación de Iraq, confirma de nuevo su desprecio tanto por la legalidad internacional como por la opinión mayoritaria de nuestra sociedad, que antes de la guerra y en la actualidad (como se ha vuelto a poner de manifiesto en una reciente encuesta) sigue manifestándose mayoritariamente en contra de la invasión y ocupación del paí­s.

2. Recordando que la legislación internacional reconoce y ampara el derecho de los pueblos a la autodeterminación y a ejercer la resistencia por todos los medios -incluido el militar- frente a una ocupación ilegal, reiterar la legitimidad de la lucha del pueblo iraquí­ por la restitución inmediata y plena de su soberaní­a frente al proyecto de reapropiación colonial de sus riquezas y su futuro que supone la ocupación.

La categorización de las acciones de la resistencia iraquí­ como terrorismo por parte del gobierno Aznar -siguiendo en ello de manera interesada a la Administración Bush- pretende eludir su responsabilidad ante el riesgo evidente que corren los militares y funcionarios civiles españoles desplazados a Iraq, persistiendo en el error de ignorar que la actual presencia internacional en el paí­s se inscribe en un acto ilegal y afronta el desafí­o de una creciente oposición de la población iraquí­, que la contempla como agresora, vejatoria y usurpadora. Las dramáticas imágenes captadas de los cuerpos de los militares españoles pisoteados por civiles iraquí­es deberí­an ser una llamada de atención sobre esta realidad ya incuestionable.

El gobierno Aznar deberí­a aclarar ante la opinión pública en qué circunstancias se encontraba en Iraq el grupo de militares del CNI fallecidos y cuál era el objetivo real de su misión.

3. Finalmente, reiterar la necesidad de recrear el poderoso movimiento social que en el Estado español se opuso a la guerra en los meses previos a la invasión de Iraq con los renovados objetivos del fin a la ocupación, ninguna implicación en ella del Estado español y la plena soberaní­a para el pueblo iraquí­. Estas exigencias -que deberí­an tener un eco explí­cito en la posición de las fuerzas polí­ticas parlamentarias que en su dí­a se opusieron a la guerra- recogen hoy la expresión de la solidaridad con el pueblo iraquí­ que millones de ciudadanos y ciudadanas supimos manifestar entonces tan creativamente en todos los ámbitos sociales.