Un juez de Guerrero ordenó el arresto de un ex miembro de la policí­a judicial por su presunta participación en la desaparición forzada de una de las cientos de personas desaparecidas en el estado de Guerrero en la década de los setenta.

Se trata de la primera detención llevada a cabo por el Fiscal Especial, nombrado en noviembre de 2001 por el Presidente Fox para investigar y enjuiciar las violaciones de los derechos humanos cometidas durante los gobiernos anteriores.

"Este arresto marca el fin de tres décadas de impunidad para algunas de las peores violaciones de los derechos humanos en México", dijo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Tras dos años investigando estos crí­menes, el Fiscal Especial empezará ahora a enjuiciarlos".

Esta inminente detención se produce poco después del fallo histórico emitido por la Suprema Corte este mismo mes, con el que anuló la decisión de un juez federal de rechazar la única solicitud anterior de órdenes de arresto presentada por el Fiscal Especial. La Corte mostró su unánime desacuerdo con el argumento del juez de que el crimen habí­a prescrito y dictaminó, por el contrario, que el plazo de prescripción del delito de secuestro no se inicia mientras se desconozca el paradero de la ví­ctima.

El fallo de la Suprema Corte abrió la posibilidad de enjuiciar a ex agentes del Estado presuntamente implicados en el secuestro de activistas de izquierda durante los setenta. Se esperan nuevas detenciones en las próximas semanas.

El gobierno de Fox ha expresado reiteradamente su compromiso de poner fin al clima de impunidad que permitió que graví­simas violaciones de los derechos humanos quedaran sin castigo en México.

En julio, Human Rights Watch publicó el informe titulado, "Justicia en Peligro," en el que demostraba cómo el funcionamiento de la Fiscalí­a Especial se ha visto seriamente debilitado por la carencia de recursos, el acceso limitado a documentos desclasificados y la falta de cooperación de las fuerzas armadas. Desde la publicación del informe se han resuelto algunas de estas deficiencias.

Human Rights Watch constata que son necesarias medidas adicionales para respaldar el trabajo de la Fiscalí­a Especial. La organización de derechos humanos insta al gobierno mexicano a que mejore el acceso a los documentos desclasificados mediante la indexación de los archivos que los contienen y garantice que éstos no están gestionados por funcionarios con posibles conexiones con personas que estén siendo investigadas por la justicia.

"Queda mucho por hacer para que la iniciativa judicial más importante del Presidente Fox en derechos humanos obtenga resultados significativos", dijo Vivanco. "La buena noticia es que, finalmente, la Fiscalí­a Especial está haciendo importantes progresos".