Esta Ley, cuyo proyecto aprobó el Consejo de Ministros el pasado 16 de mayo, pretende complementar a la de Integración Social de los Minusválidos (Lismi), y va dirigida directamente a unos diez millones de españoles entre discapacitados, unos tres millones y medio, y sus familias.

La igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal y el diálogo y la participación de las personas con discapacidad en la resolución de sus propias problemáticas son los principios fundamentales con los que esta ley pretende guiar las polí­ticas y decisiones de los poderes públicos.

En consecuencia, los poderes públicos quedan obligados a adoptar medidas contra la discriminación y de acción positiva destinadas a compensar las especiales dificultades que tienen las personas con discapacidad para su plena participación en la vida social.

Establece además la obligación gradual y progresiva de que todos los entornos, productos y servicios sean abiertos, accesibles y practicables para todas las personas, para lo cual dispone plazos y calendarios de adaptación.

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Largos y polémicos plazos
Serán necesarios más de 20 años para garantizar de forma efectiva la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

Doble sistema de tutela para el colectivo
Habrá organismos de arbitraje para resolver las reclamaciones sobre incumplimientos de la Ley en las que participarán las asociaciones representativas y sus familias.

Excedencia de un año para atender a un familiar discapacitado

Las comunidades de propietarios deberán realizar las obras de adaptación necesarias a petición de los propietarios de viviendas en las que residan o trabajen personas con discapacidad

El demandado, y no el demandante, deberá probar su inocencia ante un posible caso de discriminación por razón de discapacidad

Redacción de ACCESIBLE