El incremento de las mujeres muertas como consecuencia de la violencia de género vuelve a poner en evidencia, que los Planes de Acción contra la Violencia hacia las Mujeres diseñados por el Gobierno son un rotundo fracaso.

¿Cómo no va a fracasar un Plan que anima a las mujeres a denunciar con métodos propagandí­sticos, cuando no han sido aún implantados los recursos sociales y jurí­dicos suficientes para proporcionar la adecuada protección a la ví­ctima de malos tratos y a sus hijos?
Las mujeres maltratadas están desprotegidas, indefensas, abandonadas a su suerte, obligadas en muchos casos a permanecer en una situación violenta y peligrosa, porque el Estado no les garantiza el derecho a vivir seguras.

Mientras, los agresores siguen actuando con total impunidad porque los procesos judiciales penales y civiles están dispersos, y les siguen concediendo régimen de visitas a sus hijos en los Juzgados de Familia, además de privarles de ejercer la patria potestad a un padre acusado de homicidio a la madre del menor (Sentencia Audiencia Provincial de Gerona -año 2000-)
Carmen Urrutia, responsable del Departamento de la Mujer de la USO, reclama que el Gobierno promulgue una Ley Integral contra la Violencia de Género, que la aborde desde sus causas hasta sus efectos y en la que se recoja toda la normativa actual dándole un tratamiento cohesionado y no disperso, dotando de los recursos sociales necesarios para combatir con eficacia la violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo.

La garantí­a de nuestros derechos humanos más elementales, como el derecho a la vida y la dignidad, son una cuestión de Estado, que ya no admite demora. El gobierno tiene que reconocer activamente, que la violencia hacia las mujeres es una consecuencia extrema de las condiciones de desigualdad en que vivimos hombres y mujeres en nuestra sociedad, y debe implementar cuantas medidas se precisen para acabar con esta lacra social, que se está cobrando más muertes que el terrorismo en nuestro paí­s.

Es un grito de justicia, pedir que se asuma la responsabilidad que le concierne al sistema social para acabar con la tortura, con la violencia indiscriminada que millones de hombres ejercen contra las mujeres en la casa, en el trabajo, en la calle, en cualquier ámbito donde éstas desarrollan su vida cotidiana.