UGT califica de inconcreta la Ley de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación de las Personas con Discapacidad porque carece de un sistema de financiación especí­fico; establece plazos para su aplicación excesivamente largos (algunas medidas para suprimir barreras arquitectónicas pueden tardar en aplicarse hasta 17 años); y no contempla un régimen sancionador en caso de incumplimiento (algo inaudito porque estamos hablando de derechos fundamentales).

El sindicato reclama inversiones presupuestarias adecuadas, dirigidas a paliar las desigualdades; medidas especí­ficas para el efectivo cumplimiento de la Ley- reforzando los mecanismos de control, vigilancia y seguimiento- y la eliminación de la normativa nacional que pueda contravenir los principios de no discriminación de las personas con discapacidad.

Ayer se aprobaron en el pleno del Senado las enmiendas introducidas al proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación, las modificaciones introducidas por las enmiendas van dirigidas fundamentalmente a la incorporación en el Consejo Nacional de la Discapacidad de una oficina permanente especializada en la que colaborarán las asociaciones más representativas, aunque no se especí­fica cual será el papel real. Por otro lado, se establece el plazo de 2 años para que el Gobierno regule los efectos de la lengua de signos para garantizar el aprendizaje de las personas sordas. Esta nueva norma, complementará a la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), y pretende la realización de polí­ticas transversales en materia de discapacidad. Considerando que los derechos y libertades constituyen uno de los ejes esenciales en la actuación sobre la discapacidad.

El Proyecto de Ley se justifica por 2 razones: la persistencia en la sociedad de las desigualdades y los cambios operados en la manera de entender la discapacidad, así­ como la aparición de nuevos enfoques y estrategias.

Las estrategias de intervención:

– "Lucha contra la discriminación" y "accesibilidad universal". El concepto de accesibilidad, en favor del modelo de "vida independiente", que defiende una participación más activa de estas personas en la comunidad como ciudadanos titulares de derechos.

– Medidas para llevar a cabo una polí­tica de equiparación. Estas medidas son de dos tipos: de fomento y de defensa.

– El fomento contempla medidas de sensibilización, del desarrollo tecnológico y de proyectos innovadores, que se articularán y desarrollarán mediante planes estatales de accesibilidad y de no discriminación.

– Entre las medidas de defensa, se potencia el recurso al arbitraje para dirimir la resolución de conflictos.

El Proyecto de ley modificará la Ley de Propiedad Horizontal, para obligar a la comunidad de propietarios a la realización de obras de accesibilidad en elementos comunes a favor de PCD, y con el lí­mite de que no excedan del importe de tres mensualidades; en caso contrario, únicamente serán exigibles si han sido aprobadas por mayorí­a.

Como criterios generales y más allá del contenido del Proyecto de Ley, se establecen dos grandes lí­neas de actuación. En primer lugar, y en relación con la transposición de la Directiva de Igualdad de Trato en el empleo y la ocupación 78/2000/CE, se establecen las definiciones de discriminación así­ como las formas directa e indirecta y los principios que se tendrán en cuenta para obtener la Igualdad de Oportunidades y lucha contra la no discriminación de las personas con discapacidad tales como: vida independiente, normalización de las Personas con Discapacidad, la accesibilidad universal, el diseño para todos. Centrándose el ámbito de aplicación en:

– Las telecomunicaciones y sociedad de la información, espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación, transportes, bienes y servicios a disposición del público y relaciones con las Administraciones públicas.

En segundo lugar, se realiza a través de este Proyecto de Ley un Plan de Accesibilidad (2004-2012) las adaptaciones que deberí­an ser necesarias para que de forma progresiva todos los entornos, productos y servicios sean accesibles para todos.

A la hora de aplicar y combatir el principio de igualdad de trato y no discriminación, es necesario no sólo la existencia de normativa que regule las situaciones de discriminación, y de una ví­a a la que acudir en el caso de haberse producido una vulneración, sino que también, es imprescindible el efectivo cumplimiento y, por tanto, la efectiva aplicación de la normativa.

Desde UGT consideramos que la ley que se aprobará está llena de inconcreciones al establecer plazos para su aplicación excesivamente largos, algunas medidas pueden tardar en aplicarse hasta 17 años para suprimir barreras arquitectónicas. Por otra parte, destaca de manera significativa el establecimiento en el articulado de conjunciones verbales desprovistas de carácter imperativo tales como "podrá" restándole valor al mandato legal. Merece una mención especial la falta del régimen sancionador en caso de incumplimiento, sobre todo, cuando estamos hablando de una ley en la que se pretende la aplicación de derechos fundamentales dirigidos a las personas con discapacidad

Si queremos combatir la discriminación de las Personas con Discapacidad, deben establecerse unas lí­neas de actuación, a la vez que realizarse inversiones presupuestarias, dirigidas a paliar las desigualdades, destacando precisamente la ausencia de un sistema de financiación especí­fico.

Para UGT, no basta con la aprobación legislativa que combata la discriminación, es preciso que se introduzcan medidas para el efectivo cumplimiento, mecanismos de control, vigilancia y seguimiento, así­ como la eliminación de forma transversal de toda la normativa nacional que, de forma directa e indirecta, contravenga los principios de no discriminación de las personas con discapacidad.