Amnistí­a Internacional (AI) señala que "el gobierno español ha contribuido a la consolidación de un mundo más inseguro, al mantener una polí­tica sin objetivos claros ni coherencia en la defensa de los derechos humanos". En el Informe Anual de Polí­tica Exterior y Derechos Humanos del Gobierno español 2002-2003. Menos derechos y más inseguridad en nombre de la "guerra contra el terrorismo", que la organización presentó esta mañana, se analiza la polí­tica exterior del ejecutivo después del 11 de septiembre.

En este cuarto análisis sobre polí­tica exterior que realiza AI, la organización se lamenta de "la oportunidad perdida para la defensa de los derechos humanos por parte del gobierno español", en un periodo en que este paí­s ha tenido un importante peso dentro del panorama internacional. El informe arranca con los seis meses de Presidencia Española de la UE, analiza también la presidencia del Comité de Lucha contra el Terrorismo, y un periodo en el que España es Miembro No Permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; y refleja las principales preocupaciones de la Sección Española de AI durante estos meses.

Polí­tica de doble rasero

En este informe, Amnistí­a Internacional expone con preocupación cómo el excesivo énfasis de la polí­tica española sobre cooperación internacional en los ámbitos de seguridad, militar y defensa, y "lucha antiterrorista" ha minado seriamente el cumplimiento de las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos. La tendencia a poner el acento en el diálogo polí­tico y la cooperación internacional entre paí­ses en nombre de la seguridad, parece haber servido de pretexto para no pronunciarse con contundencia sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por aquellos gobiernos que se consideran aliados. Especialmente en los casos de Estados Unidos y el Reino Unido, el Gobierno español no ha expresado en ningún momento su disconformidad con la aprobación de medidas "antiterroristas" que violan derechos fundamentales.

En el caso de los detenidos bajo la custodia de Estados Unidos en Guantánamo, Amnistí­a Internacional considera que el Gobierno español no ha intervenido con determinación ante las autoridades estadounidenses para asegurarse de que se respetaban los derechos humanos del ciudadano español, Hamed Abderraman Hamed y los otros detenidos indefinidamente sin cargos, ni juicio y sin acceso a abogados o familiares.

El Gobierno español tampoco ha tenido palabras crí­ticas para la polí­tica de "mano firme contra el terrorismo" del actual gobierno colombiano, e incluso ha llegado a un acuerdo de cooperación militar y de defensa con Colombia, cuando el Presidente Uribe no está dando los pasos necesarios para garantizar la plena vigencia de derechos fundamentales en especial el derecho a la vida, a la integridad fí­sica, y el derecho de los civiles a no ser involucrados en la guerra, como refleja su empeño en la creación de una milicia de un millón de informantes en apoyo a las fuerzas armadas.

Para Amnistí­a Internacional, "la existencia de este doble rasero por parte del Gobierno español a la hora de condenar violaciones de derechos humanos, acaba necesariamente menoscabando el sistema colectivo de seguridad que representa el derecho internacional".

Incoherencia polí­tica

AI muestra su preocupación por las muestras de incoherencia polí­tica por parte del Gobierno español. Aunque el ejecutivo ha respaldado la puesta en marcha de la Corte Penal Internacional, no ha sido claro en sus actuaciones ya que votó a favor de la renovación de la resolución 1422 en el Consejo de Seguridad que otorga inmunidad frente a la Corte Penal Internacional a los ciudadanos de Estados que no son parte del Estatuto de Roma, entre ellos Estados Unidos; y ha presentado un proyecto de ley de cooperación con la Corte Penal Internacional, que pretende eliminar el principio de justicia universal de la legislación española.

El caso de Israel es, sin duda, significativo en este sentido. España, contraviniendo los principios del Código de Conducta de la Unión Europea, ha seguido vendiendo material de defensa y doble uso a Israel (más de 14 millones de euros en los últimos cinco años), a pesar de haber reconocido la grave crisis de derechos humanos que caracteriza el conflicto en Oriente Medio, y a pesar de no existir garantí­as suficientes de que no será utilizado para cometer violaciones de los derechos humanos.

Doble Moral

Amnistí­a Internacional constata la doble moral del Gobierno español en relación con algunas de sus intervenciones. El ejecutivo ha respaldado la intervención armada en Irak desde los términos de la polí­tica de Estados Unidos y el Reino Unido, mostrando indiferencia por el cumplimiento del derecho internacional humanitario. A pesar de su retórica de preocupación por los civiles iraquí­es, en ningún momento se opuso abiertamente al uso por parte de las fuerzas estadounidenses y británicas de armas de efecto indiscriminado, como las bombas racimo, sobre zonas densamente pobladas.

Pese a que España argumentó su apoyo a la guerra contra Irak con las graves violaciones de derechos humanos contra la población iraquí­ por parte del régimen de Sadam Hussein, es especialmente irónico que se rechazaran el 99% de las solicitudes de asilo de ciudadanos iraquí­es entre 1997 y 2001. Además durante y después del conflicto ha apoyado a los paí­ses que, como el Reino Unido, han optado por sacrificar los derechos de los solicitantes de asilo y refugio, mediante el desarrollo de polí­ticas especialmente duras.

Aspectos negativos de la acción exterior del Gobierno español

– Supeditó la defensa de los derechos humanos a sus conveniencias polí­ticas para avanzar en la "lucha contra el terrorismo": ha apoyado las intervenciones armadas en Afganistán y en Irak, no ha intervenido con decisión ante el recorte de libertades acometido por el Reino Unido o Colombia, ni ha condenado con firmeza suficiente el trato que da Estados Unidos a los detenidos en Guantánamo sin cargos, ni juicio y sin acceso a asistencia letrada o a sus familiares.

– Careció de objetivos claros y coherencia en materia de derechos humanos, y no ha establecido ningún instrumento que informe sobre los mismos, tal y como ya realizan otros paí­ses de la UE.

– No fue firme en las relaciones con paí­ses con graves violaciones de los derechos humanos. Como en el caso de Israel, con la ocupación de Gaza y Cisjordania; o de Guinea Ecuatorial, con quien no ha puesto en marcha mecanismos de presión.

– Dio la espalda al derecho internacional humanitario durante las crisis de Afganistán e Irak, al no oponerse a la utilización por parte de las fuerzas estadounidenses y británicas de armas de efecto indiscriminado, al no propiciar investigaciones imparciales sobre las muertes de civiles tras bombardeos en zonas residenciales o en el caso de la muerte del periodista español José Couso, que para AI pudo tratarse de un crimen de guerra.

– No fue claro en el respaldo de la Corte Penal Internacional y la lucha contra la impunidad.

– En materia de asilo ha puesto en peligro los derechos de las personas que huyen de violaciones de derechos humanos y persecución, al rechazar mayoritariamente las solicitudes de asilo. El 95% de las solicitudes de asilo en 2002 fueron rechazadas.

– No ha avanzado en la puesta en práctica de medidas eficaces para el control y la transparencia en el comercio de armas, al facilitar información incompleta y con retraso al Parlamento, además de seguir vendiendo armas a paí­ses como Colombia o Israel.

– Se muestra indiferente a las recomendaciones de las organizaciones no gubernamentales en materia de derechos humanos.

Aspectos positivos de la acción exterior del Gobierno

– Importante trabajo para la aprobación del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas y la posterior firma por parte de España de este instrumento.

– Firma del Protocolo núm. 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales que prohí­be la pena de muerte, incluso en tiempos de guerra.

– Interés del Gobierno en los casos de los dos españoles condenados a muerte, Pablo Ibar en Estado Unidos y Nabil Manakli en Yemen.

– Activamente a favor de la eliminación de la pena de muerte y la lucha contra la tortura en el 58º periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos.

– Renovó la invitación a los mecanismos y procedimientos especiales de derechos humanos de la ONU, con las visitas de los Relatores sobre la tortura y los derechos humanos de los migrantes.

– No extraditó a ocho presuntos miembros de Al Qaeda a Estados Unidos, ya que allí­ podrí­an ser condenados a muerte o juzgados por tribunales militares.

– Esfuerzo diplomático realizado por el Gobierno español tanto en Colombia como Israel y Territorios Ocupados por mantener a flote las negociaciones de paz entre las partes en conflicto.

– En el caso de Cuba fue contundente en su rechazo a la represión dirigida por el Gobierno cubano contra la disidencia, y la ejecución de tres personas. El PP, sin embargo, votó en contra de una proposición no de ley que se oponí­a al actual embargo impuesto por Estados Unidos.

Recomendaciones de Amnistí­a Internacional

– Elaboración de un plan global de derechos humanos público, donde establezca las metas de su polí­tica en este campo y que aplique tanto en sus relaciones bilaterales como en foros multilaterales.

Respete sus obligaciones contraí­das a través de instrumentos internacionales de derechos humanos, e inste a los demás Estados a que las medidas que adopten para "luchar contra el terrorismo" sean de conformidad con el derecho internacional.

– Como miembro no permanente del Consejo de Seguridad hasta finales del 2004, todaví­a está a tiempo de establecer una clara apuesta por la defensa de los derechos humanos en su trabajo.

Establezca una estrategia coherente de lucha contra la tortura, tanto en las acciones desarrolladas en la relación con terceros paí­ses, como en la dimensión interna, asumiendo las recomendaciones de Amnistí­a Internacional y varios organismos internacionales para prevenir la tortura en España.

Apoye sin fisuras la integridad de la Corte Penal Internacional, rechazando la firma de cualquier acuerdo bilateral que otorgue inmunidad a los ciudadanos de cualquier paí­s frente a su jurisdicción.

Garantice que las personas que huyen de violaciones de derechos humanos puedan pedir asilo y evite que se socaven los derechos fundamentales de los refugiados.

Mayor transparencia en materia de comercio de armas, aplicando escrupulosamente los principios del Código de Conducta de la Unión Europea.