Hemos de recordar que los sucesos de El Ejido en el 2000 constituyeron uno de los actos racistas más graves vividos en Europa en los últimos años.

Pasados tres años desde los incidentes, tanto las consecuencias directas de los hechos: juicios a los agresores, indemnizaciones y responsabilidades polí­ticas; como la situación estructural que contribuyó a causarlos :explotación laboral, segregación urbaní­stica ,consentimiento del racismo por parte de las instituciones y situación de irregularidad de la mayorí­a de los trabajadores siguen siendo cuestiones pendientes.

El Ejido es la muestra más conocida de una realidad generalizada en todo el Poniente Almeriense a la que las administraciones no han dado una respuesta suficiente y eficaz.

Tras los últimos ataques racistas denunciamos:

– La situación de irregularidad de la mayorí­a de los trabajadores inmigrantes de la zona. La ley de Extranjerí­a y la polí­tica de contingentes son las causas de esta irregularidad que provoca como principal consecuencia una grave situación de explotación laboral e indefensión de estas personas. Dicha ley restringe los derechos de los extranjeros en situación irregular ,eliminando los derechos de asociación ,manifestación y huelga. Además sanciona con la expulsión el hecho de encontrarse indocumentado. Esta situación de pérdida de derechos provoca que los inmigrantes en situación irregular sean un blanco perfecto para la violencia racista.

– La impunidad con que se manifiesta el racismo social .La falta de actuación de las fuerzas de seguridad para poner fin a estos hechos en un primer momento demuestra una vez más como en el Estado Español la vulneración de los derechos humanos es una constante cuando se trata de ciudadanos extranjeros. Ha sido necesaria la presión por parte de la prensa y las ONG para que se inicien las actuaciones policiales.
– La falta de respuesta por parte de los responsables polí­ticos :municipales, autonómicos y estatales demostrando su rechazo ante estos hechos lamentables. Este silencio puede ser entendido como cierta complicicidad o permisibilidad frente a este tipo de actuaciones.

Desde las asociaciones firmantes exigimos:

– La realización de una investigación por parte de los cuerpos de seguridad que depure responsabilidades y la creación de dispositivos preventivos para evitar que se produzcan hechos similares. En este sentido que la Subdelegación de Gobierno en Almerí­a arbitre los medios necesarios y muestre voluntad polí­tica para erradicar estas situaciones.
– La aplicación del agravante de racismo contemplado en el Código Penal para los inculpados.
– La no expulsión por parte de Subdelegación del Gobierno de las ví­ctimas de las agresiones que carezcan de permiso de residencia y el estudio de su regularización por colaborar con la policí­a tal como pide el Defensor del Pueblo Andaluz.

Las asociaciones firmantes denunciamos que estos incidentes son la punta del iceberg de la situación de precariedad y exclusión social de los inmigrantes irregulares que sirven como mano de obra barata y son ví­ctimas de la cara más cruda del racismo institucional y social.

Entidades firmantes: Federación Almeriense de Mujeres Progresistas, Sindicato Obrero del Campo, Federación Estatal de Asociaciones de SOS RACISMO