En ví­speras del decimocuarto aniversario de la proclamación de la Convención de Derechos del Niño, ratificada por España, Amnistí­a Internacional (AI) ha remitido un documento al Fiscal General del Estado en el que expresa su enorme preocupación por la instrucción que cursó el pasado 23 de octubre. En dicha instrucción se establece cómo actuar sobre expulsiones de nuestro paí­s de los menores extranjeros no acompañados y en situación irregular.

En opinión de AI, esta disposición supone una vulneración formal sin precedentes en España de los derechos humanos de los menores e incumple con las obligaciones del Estado español de proteger y amparar a todos los menores de edad que se encuentran en su territorio. Dicha instrucción ha sido puesta en cuestión por el Defensor del Pueblo y otras organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y de defensa de la infancia. El Fiscal de Menores de Málaga ha expresado también su preocupación.

La norma no tiene en cuenta, ni siquiera en apariencia, el "interés superior del menor" tal como establece el artí­culo 3.1 de la Convención de Derechos del Niño, cuando considera que debe ser repatriado. Tampoco establece garantí­a alguna para asegurar que, en el caso que se decrete su retorno, el menor será enviado a su entorno familiar y no quedará en situación de desamparo en su paí­s de origen.

Tratamiento discriminatorio

Además, la instrucción resulta discriminatoria, puesto que establece una diferente protección del Estado, según se trate de menores de origen extranjero en situación de irregularidad o de menores españoles. La disposición de la Fiscalí­a indica claramente que los menores españoles no acompañados deben tener mayor protección que los extranjeros, al presumir que éstos últimos no están en situación de desamparo si tienen más de 16 años. Esta declaración discriminatoria vulnera el artí­culo 2 de la Convención de Derechos del Niño que establece que los Estados deben asegurar los derechos "a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna".

Por otro lado, la disposición de la Fiscalí­a General del Estado es en la práctica una declaración formal contra la universalidad de los derechos humanos, al asumir que la falta de recursos de las instituciones de protección de menores en España es razón suficiente para adoptar la medida del retorno sin las necesarias garantí­as, asegurando que se actúa de esta manera teniendo en cuenta el interés superior del niño. La Convención proclama el derecho de los niños a la salud, la educación, la libertad de opinión y expresión y a la protección y a la ayuda humanitaria.

Se vulneran también en esta instrucción las garantí­as de que el menor tendrá un proceso justo antes de tomar una decisión que influya de forma decisiva en su vida, como es la reagrupación familiar o su estancia en España. Varios artí­culos de la Convención de Derechos del Niño reconocen su derecho a ser oí­do en un asunto que le afecte directamente, así­ como a ser asistido por un abogado y un intérprete. La instrucción de la Fiscalí­a no menciona en ningún momento la obligación del Fiscal de Menores de escuchar al menor, antes de tomar ninguna decisión.

Por todo ello, la Sección española de Amnistí­a Internacional pide al Fiscal General del Estado la retirada inmediata de esa instrucción o, en su defecto, su revisión inmediata para asegurar que se ajusta y respeta la normativa internacional de protección de los menores y que cumple con las obligaciones del Estado español de proteger y amparar a todos los menores de edad no acompañados que se encuentren en su territorio con independencia de su origen.

La organización de derechos humanos ha remitido dicho informe al Fiscal General del Estado y a los diferentes Fiscales de Menores y ha puesto en marcha una campaña de enví­o de peticiones en este sentido a la Fiscalí­a General del Estado, a través de su página web: www.a-i.es.

Información general

AI ha expresado en varias ocasiones su preocupación por la situación de los menores extranjeros no acompañados en España, especialmente los menores de origen norteafricano, en relación con las siguiente cuestiones:

* La expulsión sistemática de niños marroquí­es no acompañados que estaban bajo protección de las autoridades de la ciudad, en muchas ocasiones a través de supuestas "reagrupaciones familiares"; sin tener en cuenta el debido proceso legal, ni la situación familiar del niño y sin que tuvieran una adecuada asistencia letrada.

* Los presuntos malos tratos infligidos a menores en el contexto de expulsiones por policí­as y agentes de seguridad privada en ambas ciudades, así­ como por la policí­a marroquí­.

* La desprotección de los niños abandonados en zonas fronterizas o que viven en la calle.

* Los presuntos malos tratos a manos de cuidadores o de otros menores y las condiciones precarias y degradantes de los centros de acogida.

En el informe hecho público en marzo de 2002 titulado "España: Crisis de identidad. Tortura y malos tratos de í­ndole racista a manos de agentes del Estado", la organización documentaba casos concretos de violación de derechos de los menores en nuestro paí­s. Entre ellos, el de Amir Sghir, de 13 años expulsado de Melilla, a donde regresó de nuevo y contó a la Asociación Pro Derechos de la Infancia (PRODEIN) que le llevaron a la comisarí­a de policí­a nacional donde no le dejaron hablar ni leer unos documentos que pretendí­an que firmase. Amir afirmaba que fue conducido junto a los demás niños a la frontera y entregados a la policí­a marroquí­. Allí­ no habí­a ningún familiar, ni servicios sociales marroquí­es. Él y los otros niños fueron abandonados en la calle. Amir Sghir asistí­a al colegio en Melilla y tení­a un familiar allí­.