Sobre las afirmaciones de la Delegación del Gobierno para la Extranjerí­a y la Inmigración al respecto, CC.OO. denuncia la aplicación cicatera de dichas herramientas legales, derivada de una interpretación restrictiva: así­, la competencia para resolver dicho permisos extraordinarios por colaboración con la administración corresponde a la Comisarí­a General de Extranjerí­a y Documentación dependiente de la Dirección General de la Policí­a, radicada y centralizada en Madrid, lo cual origina una acumulación de expedientes además de las trabas burocráticas derivadas de su enví­o y posterior reenví­o a las diversas provincias.

Al tiempo, los funcionarios policiales "“ dentro de su ámbito de discrecionalidad- interpretan de manera restringida la concurrencia de los requisitos de colaboración, con lo que mucho expedientes no son finalmente documentados: ello es evidente con el dato oficial de que sólo se hallan expedido en año y medio de aplicación de dichos instrumentos 375 permisos en un paí­s como el nuestro en el que hay miles de ví­ctimas de redes de tráfico de personas y explotación laboral. Curiosamente tampoco se menciona por fuentes oficiales el tiempo medio de tramitación de dichos permisos que -dadas las trabas burocráticas, la interpretación restrictiva y la escasa infraestructura en medios materiales y humanos- se prolonga por espacio de ocho a diez meses.

En todo caso, para CC.OO. la lucha contra el tráfico de personas pasa -de manera imprescindible- por perseguir la economí­a sumergida que sigue siendo el principal factor de atracción para estas personas y en donde se insertan laboralmente en condiciones de precariedad y explotación laboral.

En este ámbito reclamamos un papel activo de la Inspección de Trabajo para combatir la explotación de trabajadores extranjeros en situación irregular y para incentivar el afloramiento de estas situaciones facilitando las denuncias al respecto. Para ello proponemos un mecanismo normalizado de trabajo con la Inspección que, mediante la interlocución sindical, permita detectar y aflorar dichas situaciones permitiendo el acceso a la documentación de aquellos extranjeros que colaboren, lo cual permitirí­a normalizar la aplicación de las herramientas previstas legalmente.