El Consejo de la Unión Europea de Justicia e Interior abordó varios temas relacionados con la inmigración. Por una parte, califico de positiva la propuesta de Directiva que permite la expedicion de permisos de residencia a las ví­ctimas del tráfico ilegal de seres humanos.

Propuesta que a UGT le parece deberí­a ser completada, a nivel nacional, con medidas que protegiesen a las ví­ctimas de la explotación laboral. Al mismo tiempo, en el Consejo también se trató la propuesta de Decision del Consejo, a iniciativa italiana, de organizar vuelos conjuntos para expulsar a sus paí­ses a nacionales de terceros paí­ses expulsados. Esta semana, también, ha sido en España la de las reacciones a la polémica Instrucción de la Fiscalia General del Estado sobre el retorno de los menores no acompañados. UGT ha remitido un escrito al Defensor expresando su preocupación por la ambigí¼edad y posibles consecuencias de dicha instrucción.

Respecto a la protección a las ví­ctimas, cierto es que en nuestra legislación existe un instrumento parecido, el del artí­culo 59 de la LOEX, que permite el acceso a un permiso de residencia a las ví­ctimas, perjudicados o testigos de un acto de tráfico ilí­cito de seres humanos, inmigración ilegal o de tráfico ilí­cito de mano de obra o de explotación en la prostitución. Con independencia de los resultados que hasta ahora ha tenido esta medida, a juicio de UGT deja desprotegidas aquellas situaciones de explotación laboral que no están asociadas a la existencia de una red transnacional de tráfico o trata de seres humanos.

La protección a las victimas se contempla en otros instrumentos internacionales, por ejemplo la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional, aún no en vigor, siempre bajo el convencimiento de que es preciso un incentivo, en este caso la concesión de un permiso o la oportunidad de retornar al paí­s de origen, para animar a cooperar a las ví­ctimas de estas conductas criminales. Y tanto en el caso de esta Convención como en el de la propuesta de Directiva, el objetivo último es luchar contra estas redes criminales.

Desde el punto de vista de UGT, es preciso que las legislaciones nacionales cubran la laguna existente en cuanto a la explotación laboral. Hoy por hoy, trabajar irregularmente o hacerlo, además, en unas condiciones degradantes, peligrosas, insalubres o contrarias a la dignidad de los seres humanos, si no hay implicada una red transnacional, no supondrá ninguna diferencia de cara al trabajador extranjero irregular.

Su sanción será la expulsión. UGT considera que la lucha contra la explotación laboral, contra las formas más degradantes del empleo irregular, requiere una respuesta prioritaria que, hoy por hoy, no contempla la ley, entre ellas el incentivo a la cooperación de las propias ví­ctimas que supondrí­a la posibilidad de acceder a un permiso de residencia. Entendemos que no puede recibir el mismo tratamiento, ni tiene la misma repercusión social un supuesto de trabajo irregular y un caso de explotación laboral, en el que los derechos fundamentales de una persona se vean gravemente vulnerados.

Por otra parte, también, en el Consejo se trato la adopción de una Decisión para organizar vuelos conjuntos entre dos o más estados miembros para la expulsión de nacionales de terceros paí­ses. De esta decisión destaca, especialmente, el apartado de directrices comunes sobre las normas de seguridad y en particular el uso de medidas coercitivas durante los vuelos.

Sin perjuicio de que se hace especial hincapié en que las medidas habrán de ser proporcionadas, y de que se prohibe el uso de sedantes y se contempla la posibilidad de suspender vuelos con arreglo al principio de "ningún traslado a cualquier precio", UGT encuentra preocupante que se remita a una posterior lista de medidas coercitivas autorizadas que establecerán de común acuerdo los Estados participantes. Incluso la prohibición de sedantes puede quedar en suspenso si se considera que ésta ha de ser una medida de urgencia. En el caso de las medidas coercitivas, nos preocupa, también, que los llamados "escoltas" puedan no pertenecer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la ausencia, en todo el texto, de la Decisión de mecanismos de control sobre las operaciones de traslado. Desde el punto de vista de UGT, serí­a necesaria una mayor transparencia, determinación y control sobre las medidas coercitivas y sobre quienes las autorizan y las aplican.

UGT ha remitido, esta semana, un escrito al Defensor del Pueblo adjuntando nuestra valoración acerca de la Instrucción 3/2003 del Fiscal General del Estado, sobre la procedencia del retorno de extranjeros menores de edad que pretendan entrar ilegalmente en España y en quienes no concurra la situación jurí­dica de desamparo.

UGT manifiesta en su escrito la preocupación por la, a nuestro juicio, insuficiente base legal para dicha medida, así­ como la posibilidad de que su ambigí¼edad permita su aplicación a menores que ya se encuentran en España. Y recuerda, nuestra organización, que la Convención de Derechos del Niño, alegada por la Fiscalí­a en su Instrucción y que ha sido ratificada tanto por España como por Marruecos, establece que los Estados partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilí­citos de niños al extranjero, lo que, a juicio de UGT, ofrecerí­a una base suficiente a los dos paí­ses para que abordasen de manera conjunta una situación, la de la llegada de menores en pateras, con posibilidades más que ciertas de perder la vida. En lugar de ello, la Fiscalí­a prepara una instrucción para que el retorno, precisamente, en estos casos de llegada en patera sea inmediato.