UGT insiste en la necesidad de establecer un marco normativo europeo que contribuya a eliminar las discriminaciones por razón de sexo, no sólo en el mercado laboral, sino en su vida cotidiana.

En este sentido, el sindicato se suma a la preocupación de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) por la decisión de la Comunidad Europea de limitar el campo de actuación de una directiva, ampliamente demandada por las organizaciones sindicales, sobre la igualdad entre hombres y mujeres fuera del lugar de trabajo.

UGT denuncia que persisten los obstáculos y las dificultades para avanzar hacia la igualdad también a nivel nacional porque el Gobierno español tiene aún tiene pendiente de transponer a la normativa española la 73/2002 relativa a la igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso al empleo, la formación y promoción profesionales y a las condiciones de trabajo.

UGT, junto con el resto de las organizaciones que integran la CES, vio alimentada su esperanza cuando el pasado mes de septiembre se dio a conocer la iniciativa de la Comisión de Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo sobre el proyecto de una directiva sobre igualdad entre hombres y mujeres fuera del lugar del trabajo, basada en el artí­culo 13 del Tratado de la Unión Europea.

Ante este acontecimiento, la Confederación Europea de Sindicatos envió un mensaje a todas sus organizaciones, elaborado conjuntamente con el Lobby Europeo de Mujeres, con el fin de que esa nueva directiva operara en ámbitos fuera del lugar de trabajo tales como la educación, la fiscalidad, la publicidad e incluso los medios de comunicación.

En estos dí­as hemos tenido conocimiento de que, definitivamente, la nueva directiva adoptarí­a un enfoque sectorial y no transversal como hubiese sido deseable, de manera que se contentará con eliminar la discriminación única y exclusivamente en el sector de bienes y servicios, incluyendo en este último el sector seguros.

UGT se suma a la decepción de la CES y considera que la Comisión Europea ha perdido una ocasión fundamental, si realmente se pretende realizar un cambio sustancial, para luchar contra las discriminaciones que sufren las mujeres en su vida diaria, fuera del lugar de trabajo, ya que estas desigualdades tienen graves consecuencias e incluso lastran la participación de las mujeres en el mercado laboral.

Para el sindicato, la educación y la suma de cualificaciones profesionales son medios importantes para la equiparación laboral y la legislación puede contribuir a lograr este objetivo no sólo en el empleo, sino también en otros ámbitos. Por ello no entiende porqué la Comisión Europea limita el campo de actuación en este caso, cuando se trata de abordar la lucha contra la discriminación por razón de sexo, mientras que no ocurre lo mismo con otras directivas también adoptadas al amparo de artí­culo 13 del Tratado.

Este es el caso de la Directiva 43/2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, cuyo marco de actuación supera el laboral y es aplicable tanto en el sector público como privado (incluidos los organismos públicos) en lo que respecta no sólo a las condiciones de acceso al empleo, sino a la actividad profesional y al ejercicio por cuenta propia, al acceso a la orientación y formación profesional, la educación, la protección social y las ventajas sociales.

Llama la atención que la Comisión no haya tomado como referencia el modelo seguido en la Directiva 43/2000, y la única explicación que encontramos es que se ha cedido a las presiones de las patronales, ignorando las reivindicaciones de las organizaciones sindicales.

Si definitivamente la proposición de la directiva se queda en un ámbito de aplicación tan reducido, como organización sindical preocupa cómo se abordará por parte del Gobierno, su futura transposición a nuestro ordenamiento jurí­dico. El Gobierno español ya nos tiene acostumbrados a transponer directivas pero de manera incompleta y sesgada, desvirtuando en muchas ocasiones, el objetivo por el que se adoptó en el ámbito europeo. De manera que si ya nace una directiva incompleta, como es el caso de la que ahora nos ocupa, mucho más incompleta, y en consecuencia menos eficaz en la práctica, resultará cuando se transponga a la legislación nacional.

Por otra parte el Gobierno al dí­a de hoy, tiene aún pendiente de adaptar a la normativa española la Directiva 73/2002/CE, aprobada el 23 de septiembre del pasado año, relativa al principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo. En el mes de junio de 2003, el Gobierno lo intentó con desinterés y como una obligación incómoda, para más tarde desistir.

UGT defiende un marco normativo europeo que consiga eliminar las discriminaciones por razón de sexo, para ser aplicado posteriormente en el ámbito nacional por cada uno de los Estados miembros. Por eso, transponer no sólo significa incorporar en la legislación nacional los puntos especí­ficos que se recogen en las directivas. Sino que también es necesario que partiendo de una base legislativa, se introduzcan medidas para el efectivo cumplimiento, mecanismos de control, vigilancia y seguimiento, así­ como la eliminación de forma transversal de toda la normativa nacional que de forma directa e indirecta contravenga los principios proclamados en las Directivas.