A fecha de 3 de noviembre, la organización de derechos humanos habí­a tenido noticia de al menos 21 homicidios relacionados con las elecciones, 46 amenazas contra periodistas que estaban informando sobre ellas y al menos 100 actos más de intimidación y amenaza relacionados también con el proceso electoral y dirigidos en algunos casos contra defensores de los derechos humanos y participantes en iniciativas de observación de las elecciones.

– Los votantes, los candidatos y las personas que informan de las elecciones pueden perder la vida por el simple hecho de ejercer su derecho a votar o cumplir con sus obligaciones profesionales-, ha manifestado Amnistí­a Internacional.

El alto grado de intimidación existente no sólo ha eliminado fí­sicamente a algunos candidatos e impedido a otros hacer campaña, sino que es evidente que sirve también para atemorizar a los votantes a fin de que voten a determinados candidatos o no ejerzan su derecho al voto.

En los últimos dí­as se han incrementado las preocupaciones de Amnistí­a Internacional al amenazar los ex miembros de las patrullas civiles con arruinar las elecciones si no se atienden plenamente sus demandas de indemnización por los servicios prestados en tiempo de guerra como auxiliares civiles del ejército. Debido a ello, las autoridades guatemaltecas han dicho que el dí­a de las elecciones podrí­an producirse disturbios en 16 de los 22 departamentos del paí­s. El partido en el poder, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), accedió en un principio a sus demandas a fin de "comprarles" el voto.

Según informes, el FRG ha hecho también uso indebido de fondos públicos y ha recurrido a otras tácticas para tratar de influir en los resultados de las elecciones antes de la votación del domingo. Los extremos hasta los que el Congreso, dominado por el FRG, estaba dispuesto a llegar se hicieron patentes con la reciente aprobación de una ley que prohibí­a los periódicos en las fechas próximas a las elecciones, así­ como el funcionamiento de las gasolineras y el transporte privado. No obstante, los informes indican que, tras una serie de protestas generalizadas contra la ley por considerar que impedí­a informar de las elecciones en una fase decisiva y, posiblemente, restringí­a el acceso de los votantes a los centros electorales, el presidente guatemalteco, Alfonso Portillo, la ha vetado.

Candidatos que han violado derechos humanos
El controvertido nombramiento del general Efraí­n Rí­os Montt como candidato presidencial por el FRG figura también entre los principales factores causantes de la tensión electoral. El general no sólo tiene un turbio pasado en lo que a los derechos humanos se refiere, sino que además parece que, constitucionalmente, no puede presentarse a las elecciones presidenciales.

No obstante, los otros dos partidos, la Unión Nacional de la Esperanza (UNE) y la Gran Alianza Nacional (GANA), que son serios aspirantes a pasar a una segunda ronda electoral han presentado también candidatos a los que se vincula con violaciones de derechos humanos durante el conflicto civil. Se cree que ambos partidos están también relacionados con las mismas estructuras de poder paralelo y delincuencia organizada que se dice que han chantajeado al FRG durante su actual mandado (del 2000 hasta ahora).

– Todas las misiones nacionales e internacionales de observación, todos los partidos polí­ticos guatemaltecos y las autoridades actuales deben estar alertas para impedir la violencia y el fraude en todos los bandos "”ha manifestado Amnistí­a Internacional"”. Deben tomar todas las medidas posibles para garantizar que se respetan los derechos humanos y el imperio de la ley durante las elecciones, lo que supone también cumplir el pacto de no violencia firmado por todos los partidos al comienzo de la campaña.-

La organización ha instado también a la comunidad internacional a estar atenta a la violencia y el fraude que puedan producirse después de las elecciones y a ejercer presión sobre el partido ganador para que adquiera una serie de compromisos con respecto a los derechos humanos.

El candidato presidencial del FRG, Efraí­n Rí­os Montt, fue jefe del Estado de 1982 a 1983, durante una de las fases más represivas de la campaña militar de contrainsurgencia que se llevó a cabo en el paí­s. La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) de Guatemala determinó que esta campaña fue causa de genocidio en cuatro zonas concretas. Por su papel en las matanzas, el general Rí­os Montt ha sido demandado por genocidio y crí­menes de lesa humanidad en Guatemala y en el extranjero. Asimismo, parece que no puede presentarse como candidato a la presidencia, ya que la Constitución contiene una disposición que prohí­be las candidaturas de quienes hayan llegado al poder por medio de un golpe de Estado.

Sin embargo, en 2003, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala aprobó formalmente la candidatura del FRG, incrementando así­ las tensiones electorales y provocando batallas campales entre los partidarios del general y quienes se oponen a él. El peor de estos sucesos ocurrió en julio pasado, cuando, al parecer, el FRG llevó a millares de seguidores suyos a la capital para protestar por la obstrucción de temporal de la candidatura del general en los tribunales y animó a la población a atacar las sedes de la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema, el Tribunal Supremo Electoral y varios medios de comunicación.

No obstante, también el FRG ha sufrido ataques, pues, en junio, los campesinos indí­genas agredieron al séquito de Rí­os Montt en el departamento de Baja Verapaz en protesta por la decisión de FRG de hacer campaña electoral en su comunidad el mismo dí­a en que estaban enterrando de nuevo a sus familiares muertos en las matanzas dirigidas por el ejército durante el gobierno del general.

Si resulta elegido, Rí­os Montt continuará beneficiándose de la inmunidad de que gozaba como presidente del Congreso. Otras autoridades actuales del FRG que obtengan cargos podrí­an también evitar ser investigadas por cargos de corrupción y abusos generalizados recientes.

Peticiones de Amnistí­a Internacional:
La reactivación de los acuerdos de paz de 1996 y las recomendaciones de la CEH; el control de las estructuras de inteligencia de Guatemala para garantizar que están sujetas a supervisión civil;
el fomento de la propuesta de formación de una nueva comisión nacional, la CICIACS, para investigar las estructuras paralelas de poder de Guatemala y las actividades ilegales y los abusos de que son responsables; el resarcimiento de las ví­ctimas de abusos a manos del ejército y las patrullas civiles. Estas últimas tení­an que haberse disuelto en aplicación de los acuerdos de paz de 1996, pero lo cierto es que se han vuelto a movilizar y han cometido nuevos abusos en el marco de sus demandas de indemnización, cuando no se ha acordado ningún programa similar de indemnización para las ví­ctimas de los abusos del ejército y las patrullas civiles.