UGT urge al Gobierno a intervenir regulando los mercado para controlar los precios y limitar los márgenes de beneficio en aquellos sectores culpables del descontrol de la inflación. Para el sindicato, es preciso una mayor regulación en el funcionamiento de los canales de distribución y comercialización para evitar los comportamientos inflacionistas. Algunas propuestas como el doble etiquetado de productos alimenticios (marcando el precio de origen y de venta), no son suficientes porque no se puede trasladar exclusivamente a los ciudadanos la responsabilidad de vigilar el precio de los productos.

Y no se trata sólo de la alimentación, donde pocas empresas con el beneplácito del Gobierno monopolizan la intermediación, porque idéntica situación se está registrando en otros sectores manifiestamente inflacionistas: más de la mitad de las rúbricas del IPC, no referidas a alimentación, registran aumentos superiores al 3% y un tercio crecen por encima del 4%. El Ejecutivo adopta una posición claramente irresponsable al cerrar los ojos mientras grupos empresariales imponen continuas subidas de precios y aumentan sus beneficios, mientras los asalariados ven mermado su poder adquisitivo y cada vez más familias no tienen suficientes recursos para llegar a fin de mes.

El Gobierno conoce las causas y a sus responsables, pero sigue sin mostrar voluntad real para controlar la inflación porque tiene capacidad de intervenir, y no lo hace, sobre los precios de los productos de aquellos sectores más inflacionistas, de la misma forma que lo hace en los mercados de otros bienes como productos de primera necesidad, vivienda, telefoní­a, energí­a, educación, etc.

Los alimentos frescos, que están creciendo desde hace más de tres años en tasas superiores al 4% y han llegado a alcanzar hasta el 10%, no son los únicos responsables de la situación actual y no pueden servir de excusa. Porque una situación similar la están padeciendo otros sectores, como los servicios que persisten en un ritmo ascendente del 3,5% y más de la mitad de las rúbricas del IPC no referidas a la alimentación registran aumentos superiores al 3% y un tercio de las mismas crecen por encima del 4%.

La solución no pasa por la liberalización porque, como se ha demostrado, en muchos sectores y actividades, esta receta "˜milagrosa"™ que practica el Ejecutivo tiende a concentrar canales de distribución y actividades de comercialización en pocas manos, y con escasas ganas de competir y de reducir consecuentemente sus márgenes.

Para el sindicato, es necesaria una mayor intervención y control de los poderes públicos y regulación en el funcionamiento de los canales de distribución y comercialización porque, aunque son loables algunas propuestas como el doble etiquetado de productos alimenticios (precio de origen y de venta), no se puede trasladar exclusivamente a los ciudadanos la responsabilidad de vigilar el precio de los productos. El Estado dispone de mecanismos más eficaces para hacerlo sin menoscabar la libertad de fijación de precios de las empresas, sino haciendo más transparente y competitivo el funcionamiento del mercado, con el objetivo básico de mejorar el beneficio social.

UGT insiste en que el Gobierno afronte el problema, analice la situación y las actividades más inflacionistas, establezca mecanismos de actuación, abandonando la receta simplista de la liberalización, e intervenga para regular el funcionamiento de la libre competencia, donde sea posible, regulando los precios y limitando los márgenes donde la competencia no sea materialmente viable o eficaz. Para el sindicato, el Ejecutivo adopta una situación claramente irresponsable al cerrar los ojos mientras grupos empresariales imponen continuas subidas de precios y aumentan sus beneficios, mientras los asalariados ven mermado su poder adquisitivo y cada vez más familias no tienen suficientes recursos para llegar a fin de mes.