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La Dirección General de Industria inicia procedimiento sancionador a TRANSOGRA por la apertura de una gravera ilegal en terrenos ZEPA
Recibida de A. Ecologista el Soto el 03-11-2003 a las 09:11

Las reiteradas denuncias presentadas contra la empresa TRANSOGRA S.A. por la apertura de una gravera ilegal en una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), ha dado lugar a la apertura de un procedimiento de sanción por parte de la Dirección General de Minas.

La empresa vení­a realizando extracciones ilegales de áridos (ver fotografí­as) en la zona comprendida entre la carretera de Valdetorres - Talamanca y el rí­o Jarama, sin ninguna autorización administrativa ni evaluación de impacto ambiental previa.

Entre junio de 2001 y marzo de 2002 se presentaron 4 denuncias contra esta empresa, ante la Consejerí­a de Medio Ambiente, Dirección General de Minas y SEPRONA, por vertidos de lodos al arroyo La Galga y por extracciones por debajo del freático. El pasado 1 de abril se interpuso una nueva denuncia por carecer de la correspondiente licencia minera las extracciones que se llevaban a cabo en la ZEPA. Como consecuencia de esta última denuncia el 20 de octubre la Dirección General de Minas ha abierto expediente de sanción contra la empresa TRANSPORTES OBRAS Y GRAVERAS S.A. (TRANSOGRA S.A.).

La empresa dedicada a la extracción de áridos TRANSOGRA S.A. esta situada en el borde derecho del arroyo de Galga. Sus instalaciones se encuentran detrás de la fábrica de tejas de Valdetorres, en este mismo municipio. Esta empresa ha estado explotando los terrenos situados alrededor de sus instalaciones en el margen izquierdo de la carretera que une Valdetorres y Talamanca de Jarama, terrenos comprendidos entre esta carretera y el rí­o Jarama.

La actitud de algunas empresas mineras causan graves daños infringiendo leyes que protegen a estos espacios naturales, en áreas donde se asientan especies protegidas de fauna. En la zona afectada está documentada la presencia de poblaciones de avutarda, sisón, ortega o alcaraván, todas ellas protegidas por los Catálogos de Especies Amenazadas de la Región y Nacional. El incumplimiento de la legislación ambiental y minera resulta difí­cil de explicar tras casi dos años de denuncias y la inhibición de la Comunidad de Madrid.

La zona de extracciones se localiza además junto a otra explotación minera (PROCOSANZ), que si cumple con la legislación y sometida a un importante condicionado ambiental. La tolerancia de la Administración Regional supone un agravio comparativo y una "invitación" a la ilegalidad a la vista de la rentabilidad que supone ignorar la legalidad. Es igualmente chocante que estas empresas estén actuando en los términos municipales de Valdetorres y Talamanca de Jarama, sin que los respectivos ayuntamientos hayan presentado ninguna denuncia por estas actividades, teniendo que ser colectivos ciudadanos los que se enfrenten a dichas denuncias.




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