El Ministerio de Medio Ambiente acaba de presentar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del trasvase del Ebro que incluye una valoración de más de 230.000 alegaciones que recibió durante los dos meses en que estuvo sometido a información pública. Según Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena el gobierno los intereses económicos y polí­ticos existentes en el PHN han primado frente a la obligación del Ministerio de Medio Ambiente de preservar los valores naturales. Estas organizaciones consideran que la Declaración de Impacto Ambiental del Trasvase del Ebro no ha sido objetiva y que se ha convertido en un mero trámite burocrático.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente no reúne las condiciones mí­nimas de calidad técnica y cientí­fica que un proyecto de esta envergadura requiere, por lo que las organizaciones ecologistas han decidido presentar una queja contra el Gobierno español ante la Comisión Europea por el flagrante incumplimiento de la Directiva 97/11/CE del Consejo de Evaluación de Impacto Ambiental. En efecto, el estudio de impacto ambiental es incompleto, carente de todo rigor y está plagado de errores, lo que induce a pensar que ha habido manipulación de los datos ofrecidos por parte del gobierno. El fallo más grave es que no se han evaluado algunos elementos del proyecto que son esenciales y forman parte del propio trasvase, como las lí­neas eléctricas necesarias para las estaciones de bombeo o las balsas de regulación. Tampoco se han evaluado adecuadamente los efectos sobre la Red Natura 2000, ni los impactos ambientales que el trasvase causará en la Comunidad Autónoma de Aragón, ni sobre las aguas marinas del mediterráneo español.

Para las organizaciones ecologistas la única explicación de que la declaración de impacto ambiental haya resultado positiva se debe a que son los cargos polí­ticos y de confianza de la Ministra y no los funcionarios técnicos los que han revisado todas las alegaciones presentadas, respondiendo al interés electoral y polí­tico de quien gobierna en La Moncloa.

Cabe resaltar que el proyecto del trasvase del Ebro incumple las propias disposiciones de la Ley del Plan Hidrológico Nacional. Entre ellas, la más importante es la obligación de redactar un Plan Integral de Protección del Delta del Ebro antes de realizar el proyecto de trasvase. Sin embargo, aunque este documento todaví­a no se ha presentado, el trasvase sigue adelante.

En la reciente reunión de expertos técnicos en Bruselas quedó patente que el gobierno no tení­a una idea coherente sobre los (futuros) caudales en el Ebro y las necesidades para preservar el Delta del Ebro. Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena creen que finalmente el trasvase del Ebro no recibirá financiación europea debido a la vulneración de, al menos, cuatro directivas comunitarias: Aves, Hábitats, Aguas e Impacto Ambiental.