Cuando en 1997 el Ayuntamiento de Madrid desarrolló el actual Plan General de Urbanismo de la capital se crearon nuevos espacios edificables en las inmediaciones de los antiguos barrios del Este del municipio que habí­an quedado inexplicablemente aislados del centro de la ciudad, a pesar de encontrarse realmente cerca del centro.

El problema de la falta de ví­as de comunicación adecuadas en estas zonas fue eficazmente resuelto dando la impresión a los vecinos de los antiguos barrios de que, por fin, se empezaban a hacer bien las cosas en el área de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid.

Así­, los antiguos vecinos de barrios como La Elipa, San Blas, Vicálvaro, Moratalaz, Simancas y otros de la zona este de la capital quedaron sorprendidos por el beneficio que, después de mucbos años de abandono por parte de la administración municipal, suponí­a el crear accesos al centro como la N-100 o prolongación de O\\’Donnell, que comunicaban de forma muy eficaz los barrios del Este, con las principales ví­as de comunicación de la ciudad: M-30, M-40, eje Doctor Esquerdo, Francisco Silvela (realmente M-20), incluyendo los accesos al centro a través de la calle O\\’Donnell y la calle de Alcalá.

Hubo personas que valoraron tan positivamente el cambio detectado en la zona que decidieron trasladarse a los nuevos barrios que se crearon al amparo del desarrollo del PGOUM 97, como las Rosas, Valdebernardo, Valderrivas, Pavones, etc. Claro que las ventajas que observaron ya habí­a que pagarlas, alguien les habí­a puesto precio. Estos nuevos barrios ofrecí­an viviendas con precios medios que alcanzaban el doble del precio de las antiguas viviendas de la zona, todo esto sucedí­a antes de la llegada de la burbuja inmobiliaria.

Pero aún así­, las ventajas de comunicaciones que ofrecí­an justificaban el sobreprecio que habí­a que pagar, además, las perspectivas de futuro para la zona auguraban revalorizaciones muy elevadas.

Así­, se mantuvieron las mencionadas ventajas hasta completar la promoción y venta de las viviendas de los nuevos barrios de la zona, como Las Rosas, Valderrivas, Pavones, etc. Una vez terminada esta operación urbaní­stica del Este de la capital, que a buen seguro proporcionó pingí¼es beneficios a promotores, especuladores, y al propio Ayuntamiento, empezó el desmantelamiento del escenario utilizado para la farsa, y de forma discreta y sigilosa, el Ministerio de Fomento arrebató estas efí­meras ventajas, ya facturadas, trasladándolas a otro escenario para montar otra vez el tinglado.

Primero desaparecieron las conexiones directas con la M-40 desde los barrios colindantes, después las conexiones con M-30 y centro de Madrid, dando como alternativa, ya cuando se inició la movilización vecinal, algunos accesos periféricos, alejados del tronco central de la R-3, que no resuelven todos los movimientos de conexión antes existentes, y que desde el mismo dí­a de su apertura al tráfico están permanentemente colapsados. Aquella ví­a de comunicación eficaz, se ha convertido boy en un obstáculo difí­cil de sortear para los vecinos de la zona, ya que aisla unos barrios de otros, haciendo muy difí­cil la comunicación entre zonas muy próximas, además de no permitir la incorporación directa desde el viario urbano al eje O\\’Donnell para mantener las facilidades de comunicación anteriormente disponible.

Como todo el mundo sabe, es más rentable vender el mismo lote de ventajas a varios clientes, que crear un nuevo lote para el nuevo cliente, aunque sea inmoral arrebatárselo al primero que lo pagó para revenderselo en exclusiva al segundo.

Así­, los vecinos de los nuevos barrios creados en el este de Madrid, vieron como desaparecí­an las magní­ficas ví­as de comunicación que les habí­an vendido junto con sus nuevas viviendas recién construí­das, observando con la rabia de quien se siente estafado, cómo estas facilidades de acceso a las principales ví­as, ahora se reservaban para el uso de los vecinos de otros nuevos barrios, aún no creados, ni habitados, pero que con toda seguridad se promocionarán al precio que permitan las recién trasladadas ventajas, que seguro se mantendrán hasta la venta del último piso de la nueva zona privilegiada. Pero, ¿quién sabe cuánto tiempo disfrutarán del privilegio antes de que se desmonte de nuevo el tinglado?
Ni los mas precavidos pudieron imaginar la magnitud de la estafa.

En estos casos, siempre que se denuncia una estafa inmobiliaria, la administración invariablemente culpabiliza al estafado, lo más fácil, por no haber sido precavido, y no haber consultado todos los registros y despachos que, cómo no, la Administración tiene a disposición de las potenciales ví­ctimas, o ciudadanos en general.

Solo se conoce su existencia después de haber caí­do en la trampa del estafador impune. Pero, ¿qué se puede hacer cuando la propia Administración es la que nos engaña? ¿A quién podemos reclamar?
Si el plan de urbanismo es el eje director de todas las actuaciones inmobiliarias y urbaní­sticas, que nadie puede ignorar o incumplir, ¿qué puede hacer el ciudadano-ví­ctima cuando el transgresor de la norma es la propia Administración que la dicta, u otra Administración cómplice? ¿A qué registro o despacho debió haber acudido el ciudadano antes de creer y convertirse en ví­ctima?

Cuando los vecinos de Madrid censados en los distritos de Vicálvaro, Valderrivas, Las Rosas, San Blas, Ciudad Lineal, Pavones, Moratalaz, Valdebemardo, etc. reclaman a la administración municipal que solucione los perjuicios que les ha ocasionado el Ministerio de Fomento con la chapuza de la R-3, aplastando de forma irracional el PGOUM del Ayuntamiento, que tiene carácter de ley y por tanto define al que la incumple como delincuente, la respuesta del \"Gran Ministerio de Fomento\" es que las disposiciones de un Órgano Superior del Estado, prevalecen sobre las de otro Órgano Inferior, como es el Ayuntamiento de Madrid. Buen papelón el del Ayuntamiento.

Si el Ayuntamiento de Madrid acepta sin rechistar que el Ministerio de Fomento machaque los planes elaborados por él, con claro perjuicio para el ciudadano de Madrid, destruyendo las inversiones realizadas con cargo al contribuyente municipal en beneficio del negocio privado que significan las nuevas autopistas radiales de peaje, resulta difí­cil aceptar que el Ayuntamiento representa a los vecinos de Madrid, que actúa en beneficio de los ciudadanos, y que utiliza adecuadamente los recursos económicos que se le permite administrar.