A nuestro parecer, entendemos que una aplicación directa de la Instrucción a todos los supuestos serí­a ilegal de acuerdo con la normativa española. En este sentido el artí­culo 9 del Código Civil determina la aplicación de la ley nacional de la persona para regir su capacidad, norma que a juicio de la jurisprudencia y la doctrina de la Dirección General de Registros y Notariado debe aplicarse también a la emancipación. Por tanto, esta modalidad de emancipación prevista en el Código Civil sólo podrá aplicarse a los extranjeros cuya ley personal así­ lo admita. En el caso concreto de menores no acompañados procedentes de Marruecos, a los que alude principalmente la Fiscalí­a, el Derecho marroquí­ no contempla una emancipación análoga a la prevista en la ley española, por lo que estos menores no están propiamente emancipados. Su situación en España puede calificarse de desamparo, con lo que en ningún caso podrí­a aplicárseles esta instrucción.

La Fiscalí­a en su Instrucción pretende asumir que la entrada clandestina sin estar acompañados de sus padres es prueba notoria de vida independiente, lo que le sirve para concluir que no existe la situación de desamparo, hecho que va a provocar las repatriaciones automáticas de estos menores. En este punto, la Red Acoge piensa que la Fiscalí­a no se ajusta a la normativa española, puesto que tal normativa exige, para que se produzca emancipación, el necesario consentimiento de los padres: consentimiento esencial, que puede ser revocado en cualquier momento. La Instrucción la fiscalí­a desvirtúa la propia esencia de la emancipación al pretender establecer un "˜consentimiento presunto"™.

Finalmente, y con carácter más general, criticamos la actuación de la Fiscalí­a General, que tiene como uno de sus deberes básicos la defensa del interés del menor. Con la Instrucción no sólo se hace dejación, jurí­dicamente infundada, de este deber, sino se que trata de activar los mecanismos del estado de derecho frente a un determinado grupo de menores que se hallan en nuestro paí­s. Esta actitud no tiene encaje ni en la ley española ni en la legislación internacional suscrita por España.

Más allá de cuestionar absolutamente la corrección jurí­dica de dicha Instrucción, entendemos que los datos arrojados en la misma son simplemente alarmistas, y no se corresponden con la realidad. No es de recibo realizar una manipulación de la realidad para justificar esta actuación.