Entendemos sumamente grave que precisamente la Fiscalí­a -que por Ley asume las labores de tutela y protección de menores- pueda ser la que dicte tal resolución, dado que la vigente Ley de Extranjerí­a, en su artí­culo 35, establece que en caso de que sea localizado un menor extranjero le deberá ser proporcionada la inmediata atención y protección que precise para, a continuación, ser la Fiscalí­a la que garantice su puesta a disposición de los servicios correspondientes de protección de menores. Dicho artí­culo es plenamente vigente y no se halla afectado por la reforma actualmente en trámite parlamentario estando desarrollado a su vez por el artí­culo 62 del vigente reglamento de desarrollo de dicha Ley.

La normativa general española y los tratados internacionales ratificados por España, entre ellos aquellos especí­ficos sobre protección a menores, establecen que es menor de edad "“ y por lo tanto, NIÑO- toda persona menor de 18 años.

Dada la gravedad que podrí­a suponer el hecho de la dejación de funciones de la Fiscalí­a, e incluso su actuación induciendo a incumplir la legalidad vigente por parte "“precisamente- de funcionarios públicos, desde CC.OO. se ha puesto en conocimiento dicha situación ante el Defensor del Pueblo a los efectos oportunos.