Los impactos derivados de esa actuación serí­an: aumento de la salinidad, una mayor erosión en las orillas (Parque Nacional y Parque Natural de Doñana) vertido de grandes cantidades de sedimentos en la desembocadura cercana y en las márgenes; y un aumento de las partí­culas en suspensión ( muchas de ellas con niveles notables de metales pesados y pesticidas).

Tanto la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CGH) como la Estación Biológica de Doñana han considerado que el Estudio de Impacto Ambiental carece de rigor cientí­fico en varios aspectos de gran importancia.

No se ha evaluado el impacto sobre los seres vivos y las predicciones sobre el aumento de la salinidad han sido puestas en duda, al basarse en una serie reducida de datos y no tenerse en cuenta los efectos a medio plazo tanto de dos embalses aprobados en el Plan Hidrológico Nacional como del Cambio Climático.

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Ministerio de Medio Ambiente (aparecida en el BOE el pasado 4 de octubre) aprueba el proyecto aún cuando asume que no se ha evaluado correctamente el impacto sobre la flora y fauna y que el aumento de la salinidad posiblemente se ha infraestimado.

Por si esto fuera poco, la mayor parte de los agentes sociales e instituciones que se han pronunciado sobre el proyecto, han pedido su desestimación considerando que producirá graves impactos ecológicos sociales y económicos. El Patronato del Parque Nacional de Doñana, La Estación Biológica de Doñana, La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir , la Federación de Arroceros de Sevilla, la mayor parte de los ayuntamientos del Bajo Guadalquivir y las organizaciones ecologistas lo consideran ambientalmente inviable.

Por todo lo anterior Ecologistas en Acción denuncia la conducta prevaricadora de la Secretarí­a General de Medio Ambiente que ha declarado ambientalmente viable el proyecto sabiendo que no se están cumpliendo las normativas europea y española de impacto ambiental. La denuncia se ha formalizado por escrito como una queja ante la Unión Europa por vulnerar la directiva europea de evaluación de impacto ambiental; y ante el Ministerio de Medio Ambiente impugnando la Declaración de Impacto Ambiental.

Recordamos que el Estado Español ya ha sido amonestado por la UE por no aplicar correctamente la directiva sobre evaluación de impacto ambiental. Esta normativa pensada como un instrumento para aplicar el principio de precaución y contribuir a la sostenibilidad, de hecho se ha convertido en nuestro paí­s en un mero trámite burocrático que pone la etiqueta de ambiental a los proyectos más insostenibles.