La Junta de Centros Públicos de San Blas, que aglutina a asociaciones de padres, profesorado y miembros de equipos directivos de los centros, asociaciones de vecinos y sindicatos, llevará a cabo unas Jornadas sobre "Educación y Formación Pública en San Blas", los próximos dí­as 21 y 23 de octubre, a las 16 y 16,30 horas respectivamente, en la sede de la Escuela Sindical de CC.OO. "Juan Muñiz Zapico" (Longares 6).

Estarán presentes Francisco Garcí­a, secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Madrid; José Mata, secretario general de Enseñanza de UGT de Madrid; Bonifacio Alcañiz, director del Area Territorial de Madrid-Capital; y Alfonso Hervás, vicepresidente de la FAPA Giner de los Rí­os.

El objetivo es debatir sobre los problemas y alternativas de la enseñanza pública en San Blas, en un momento clave por el desmesurado crecimiento demográfico del distrito en la zona de Las Rosas, y la polí­tica educativa del PP favorecedora del negocio de la enseñanza privada por tres ví­as:

–  La cesión de terreno público de uso educativo, por parte del Ayuntamiento -hace más de año y medio-, a entidades religiosas de ideologí­a ultraconservadora (Comunión y Liberación) para la construcción de un colegio que, sin existir, ya se anunció como concertado (y cuya construcción, a fecha de hoy es objeto de la rumorologí­a). La Junta de centros exige la devolución del terreno y su uso para fines educativos públicos.

–  El incumplimiento de la legislación sobre escolarización de minorí­as étnicas y sociales y, en particular, de los niños inmigrantes, que no dejan de llegar durante todo el curso, y que invariablemente se escolarizan en centros públicos en una proporción de algo más de 8 sobre 10 (según datos de la Comisión de Escolarización, el 84,35 % de las 722 nuevas incorporaciones entre septiembre y abril del curso pasado). Por otro lado, el número de alumnos extranjeros va en aumento: sólo entre el 1 de septiembre y el 10 de octubre de este año se recibieron 1.246 nuevas instancias, de las que la mayorí­a (829) son inmigrantes. Y si la consejerí­a no obliga a la Concertada a asumir su responsabilidad, el problema puede multiplicar sus proporciones en breve tiempo.

–  La vertiginosa creación de nuevas unidades en la Privada concertada en contraste con el tí­mido aumento en la Pública, ya que la apertura en unos centros se ve descompensada con el cierre en otros. Así­, en este curso que comienza, de las 19 nuevas unidades en los centros del distrito, 12 son nuevas unidades de la privada concertada frente a 7 de la pública -siempre, según datos de la Comisión de Escolarización. Esta creación de unidades en la concertada suele ser fruto del previo incumplimiento sistemático y consentido de las ratios de alumnado que los propietarios de los colegios privados inflan por encima de lo legal y que al curso siguiente da los frutos apetecidos, es decir, el concierto de una, dos o tres unidades nuevas.

La Junta de centros públicos de San Blas ha venido denunciando desde hace dos años la injusta polí­tica de la Administración del PP para con los centros de su propia titularidad:

–  Se "racanea" en mejoras de infraestructuras que sólo a regañadientes y tras persistentes movilizaciones sociales, incluido un Plan de Remodelación de centros diseñado por la Junta en 2002, comienzan a arreglar.

–  Se carga a los centros públicos de alumnado con situaciones sociales o educativas de especial complejidad, sin la suficiente contrapartida en medios y recursos, lo que está provocando en el distrito una dualidad social entre centros educativos y también entre zonas. Y por ello, la Junta hace una seria llamada a la integración social como estrategia para la convivencia: para lo cual, bastarí­a, en principio, con que los centros privados y la propia Administración respetasen los criterios de matriculación y escolarización regulados, y no ejercitasen ningún tipo de discriminación del alumnado.

Por todo ello, la Junta de centros públicos de San Blas ha planteado para estas jornadas el debate de futuro de la educación en este distrito, advirtiendo de los riesgos que la actual polí­tica educativa del PP está trayendo consigo: discriminación y desigualdad social, desde la consideración de la educación como un lucrativo negocio. Y ha subrayado los principios que deben sustentarla: la educación como derecho y como un servicio público para la integración, el respeto y la convivencia.