Cada año decenas de personas llegan de manera clandestina y en absoluta precariedad en el interior de barcos a las costas españolas para huir de guerras, persecuciones, hambrunas u otras situaciones de grave conculcación de los derechos humanos. Aunque los polizones son fuente de obligaciones para el capitán del buque, el armador, el consignatario, las autoridades y para la propia tripulación, ellos son las principales ví­ctimas de esta situación.

El artí­culo 23 de la Ley de Extranjerí­a impide a los polizones la entrada al territorio nacional por carecer de la documentación requerida. El Reglamento de Extranjerí­a, además, obliga al transportista a hacerse cargo de la persona rechazada en frontera, en este caso, del polizón, a asumir los gastos derivados de su detención y estancia en un centro de internamiento, hasta el punto de que la autoridad gubernativa puede decretar la inmovilización del medio de transporte hasta el cumplimiento de estas obligaciones. No obstante, como señala el artí­culo 54.3 de la Ley de Extranjerí­a, todas estas obligaciones no entrarán en vigor si el polizón solicita asilo en España y se admite a trámite la petición.

La Instrucción de 9 de abril de 2002 de la Delegación del Gobierno para la Extranjerí­a
y la Inmigración, obliga al capitán del barco a comunicar de manera inmediata a las autoridades españolas la presencia de un polizón y a recoger datos como su nacionalidad, documentación, puerto de embarque, así­ como la posición, el dí­a y la hora en que fue descubierto. Esta instrucción es el resultado de una evolución en la que no han sido ajenas las denuncias efectuadas por distintas organizaciones no gubernamentales y la intervención de la Oficina del Defensor del Pueblo.

A pesar de que el artí­culo 22 de la Ley de Extranjerí­a establece que los extranjeros tienen el derecho a la asistencia letrada en los procedimientos que puedan concluir con la denegación de su entrada, su devolución o su expulsión del paí­s y en todos los procedimientos de solicitud de asilo, todo depende de sí­ los agentes policiales entienden que el polizón ha expresado su intención de entrar en España o debe presentar una solicitud de asilo.

El principal objetivo de esta jornada es la formación de los especialistas y el intercambio de experiencias de todas aquellas personas e instituciones implicadas en esta materia. Ante la importancia que cobran estos aspectos en la reciente reforma de la Ley de Extranjerí­a, en especial, con el significativo aumento de las sanciones a los transportistas, consideramos de gran interés la creación de un foro de debate abierto a las opiniones de cada uno de los actores involucrados, así­ como ofrecer la oportunidad de consensuar unas pautas comunes de actuación ante los casos de polizonaje.

PROGRAMA (PROVISIONAL)

La jornada tendrá lugar el viernes 31 de octubre, a partir de las 9.00 horas, en las oficinas centrales del Instituto para las Migraciones y los Servicios Sociales (IMSERSO) del Ministerio de Trabajo (Avenida de la Ilustración s/n, esquina Ginzo de Limia, 52. Metro Herrera Oria).

Presentación (9.00-10.00 h.).

Antonio Lis Darder, Director General del IMSERSO
Enrique Santiago Romero, Secretario General de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Estebán Beltrán Verdes, director de la Sección Española de Amnistí­a Internacional.
Mesa 1: Asistencia letrada y de intérprete a los polizones (10.00-12.00 h.).

Cristina Gortázar, profesora de Derecho Internacional Público.
Manuel Pérez Gómez, Director General de Extranjerí­a del Ministerio del Interior.
Pascual Aguelo, coordinador del área de extranjerí­a del Consejo General de la Abogací­a
Española.
Javier Galparsoro, presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en el
Paí­s Vasco.

Mesa 2: Las sanciones a transportistas y el polizonaje (12.30-14.30 h.).

José Marí­a Ruiz Soroa, abogado especialista en Derecho Marí­timo.
Representante de la Asociación Nacional de Navieras.
Representante de la Dirección General de la Policí­a.
Teresa Dí­az, representante de Amnistí­a Internacional-Valencia.

Mesa 3: Problemática de los polizones menores de edad (16.00-18.00 h.).

Carlos Boggio, Delegado del ACNUR en España.
Pedro Ramiro, médico forense experto en la materia.
Representante de la Fiscalí­a de Menores
Representante de la Oficina del Defensor del Pueblo.
Javier Edo, director de la Asociación Valenciana de Ayuda al Refugiado.

Conclusiones (18.00-18.30 h.).

Las inscripciones deberán remitirse, con referencia completa de nombre y apellidos,
así­ como a la institución o centro educativo al que se pertenece, a los correos
electrónicos
servjuridcent@cear.es o refugiados@a-i.es, o bien comunicarse en los teléfonos
91 804 54 04 o 91 310 12 77.