En 1999 se produjo un grave atentado ambiental contra 1.800 metros del cauce del rí­o Jarama en las proximidades de la localidad de Talamanca. Un propietario de tierras colindantes al rí­o habí­a decidido variar el curso del rí­o con maquinaria pesada, destruyendo la ribera y su entorno mediante excavaciones y acopio de tierras.

La Plataforma en Defensa de la Ribera del Jarama y Ecologistas en Acción presentaron, sin mucho éxito, denuncias ante la Consejerí­a de Medio Ambiente y ante la Confederación Hidrográfica del Tajo. Interpuesta, también, denuncia ante la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalí­a de Madrid, el fiscal Emilio Valerio presentó querella que se tramitó ante el Juzgado de Instrucción nº 4 de Alcobendas.

En este procedimiento penal por delito ecológico se personó Ecologistas en Acción como parte acusadora contra Ricardo Fernández Otero, el propietario de las tierras, y contra Arturo Bermejo, la empresa contratada para realizar las obras conocedora de la ilegalidad de estas. El abogado que está llevando la acusación, Juan Manuel López Rubio, pidió para los imputados 6 años de prisión y una indemnización por los daños ambientales causados de 20.894.000 pta., cuya actuación se encuadra claramente en los artí­culos 325 y 326 b) y c) del Código Penal. El juez previamente les habí­a impuesto una fianza de 5 millones de pesetas para hacer frente a las posibles responsabilidades.

La gravedad de los daños ha quedado ampliamente acreditada en el sumario por los testimonios de agentes forestales, SEPRONA, vecinos de la localidad y especialmente de un informe pericial de una profesora de Geodinámica de la Universidad Autónoma de Madrid.

Las obras hundieron el lecho del rí­o algo más de un metro y ensancharon el cauce entre 5 y 10 metros, eliminando isletas centrales, destruyendo el bosque de galerí­a (alisos, sauces, tarays..) así­ cómo nichos de anfibios y madrigueras y construyendo un canal para llevar agua del rí­o hasta una balsa situada dentro de su finca. Ecologistas en Acción espera que este atentado ambiental no quede impune y que la sentencia que en su momento se dicte sea condenatoria.