La venta del gas boliviano, que ostenta el primer puesto en reservas de toda Latinoamérica, es el último episodio de una larga lista de medidas gubernamentales cuya puesta en marcha está provocando el empobrecimiento acelerado de una población cuyo nivel de pobreza ya figuraba en el segundo lugar del continente americano.

El conflicto del agua en el departamento de Cochabamba, en el que también figuraba una multinacional española (Aguas de Barcelona), ya fue una llamada de atención para los analistas internacionales sobre una situación que se hací­a insostenible para la mayorí­a de los bolivianos, tristemente habituados en esa zona del valle a sufrir las incursiones represivas de las fuerzas policiales y militares en su supuesta lucha contra el narcotráfico impuesta por Estados Unidos y condicionadora de los acuerdos bilaterales entre ambos paí­ses, o lo que es lo mismo, el chantaje anual para recibir fondos de los organismos financieros internacionales (FMI, Banco Mundial). La violencia vivid en febrero pasado cuando se enfrentaron policí­as y ejército por recortes salariales nuevamente nos decí­a que algo no andaba bien.

Aunque los datos oficiales y oficiosos distan mucho en ví­ctimas mortales y heridos, la información que llega a esta asociación directamente de personas afectadas por este conflicto es la imposibilidad de contabilizar el número exacto debido al bloqueo generalizado existente: de caminos, de medios informativos (la televisión estatal ha dejado de emitir en solidaridad con el pueblo) y de llegada de alimentos (que encarecen los escasos ví­veres).

Los hospitales están a rebosar y los fallecidos por balas militares o policiales superan el centenar. Un grupo numeroso de campesinos siguen en huelga de hambre desde hace un par de semanas. La frase "palos contra metralletas" resume la magnitud de esta crisis y desmiente las versiones oficiales que hablan de un pueblo fuertemente armado y que tratan de justificar el armamento sofisticado utilizado para reprimirlo; en palabras de militantes por los derechos humanos debemos denunciar que el gobierno ha cambiado la palabra por la bala.

Apoyamos la decisión de los dirigentes polí­ticos que se han distanciado de la ví­a violenta del gobierno, así­ como los militares y policí­as que han desobedecido a sus superiores renunciando a disparar a la población indefensa.

Pedimos la solidaridad internacional, el cese de la represión y la vuelta al diálogo.