Para estas organizaciones las ventajas ambientales del tren convencional (reducido consumo energético, escasa ocupación de suelo, etc.) se tornan inconvenientes cuando lo que se traza es un tren de alta velocidad. La apuesta de este gobierno por el AVE tiene como contrapartida los enormes impactos y desembolsos de construcción de las ví­as, así­ como la escasa inversión y abandono del resto de la red, donde con facilidad se podrí­an mejorar los trazados para alcanzar velocidades cercanas a los 200 km/h, con mucho menor gasto y sin los problemas ambientales del AVE. Se conseguirí­an, además, unos precios de los billetes más económicos y, por ello, más justos socialmente.

La casi desaparición de la inversiones en el ferrocarril convencional está teniendo efectos dramáticos. Los más notorios han sido los ligados a todo el rosario de accidentes que venimos sufriendo de forma cotidiana en las lí­neas convencionales de ferrocarril, la más grave de todas ocurrida el pasado junio en Chinchilla, con 19 muertos. La responsabilidad del AVE en estos accidentes es más que clara: la mayor parte de los presupuestos se han destinado a la construcción de las nuevas lí­neas, mientras languidecen sin apenas inversiones buena parte de las ví­as convencionales, sin las mí­nimas dotaciones en seguridad. Los presupuestos de 2003 son contundentes al respecto: 164 millones de euros para la red convencional, y 22 veces más, 3.570 millones, para las lí­neas AVE.

Para Ecologistas en Acción y CGT causa estupor oí­r hablar al Ministro de Fomento sobre la puntera ingenierí­a española que ha diseñado la nueva lí­nea de alta velocidad al tiempo que, por poner uno de los muchos ejemplos posibles, el ferrocarril de Zaragoza a Valencia descarrila hasta 3 veces algunos años y entre Teruel y Valencia desarrolla velocidades medias de 40- 50 km/h.

Merece la pena recordar ahora que el Plan de Transporte Ferroviario de 1987 contemplaba que, con una inversión de 2,1 billones de pesetas de entonces, se pondrí­a la mayor parte de la red convencional (más de 13.000 km) a velocidades superiores a 160-180 km/h antes de que concluyera el año 2000. Curiosamente, esta cantidad es equivalente a lo que se va a gastar sólo para la construcción de 3 lí­neas, Madrid-Sevilla, Madrid-Barcelona y Madrid-Valladolid, mientras las velocidades de circulación en buena parte de la red, lejos de aumentar, han disminuido en muchos casos.

Tampoco hay que olvidar la discriminación hacia los usuarios con menos recursos económicos, que con el AVE que hoy se inaugura pasarán de pagar de 21 o 28,5 euros a 43 euros por billete entre Madrid a Zaragoza, o de 40 o 44 euros a 59 para los recorridos de Madrid a Barcelona. Además, se eliminan todos los servicios por la ví­a convencional "“a excepción del expreso nocturno"“para evitar la "competencia" con los nuevos trenes.

Además, la puesta en marcha de la lí­nea de alta velocidad Madrid-Lleida supone un recorte drástico de muchos de los servicios regionales existentes, y muchas estaciones intermedias quedarán sin apenas actividad ferroviaria de viajeros. Estos viajeros sin tren, lógicamente, deberán recurrir forzosamente a la carretera para sus desplazamientos. Otros "nuevos" usuarios de las carreteras serán aquellos que el nuevo tren expulse hacia este medio de transporte a causa de la fuerte subida de precios comentada.

Las fuerzas de seguridad del estado han impedido a las personas concentradas acceder al espacio público de la estación de alta velocidad de Madrid Atocha. Tampoco en las otras tres ciudades donde se han realizado actos de protesta, Guadalajara, Zaragoza Lleida, se ha permitido el acceso a las estaciones. Esta situación es un reflejo de la pérdida del ferrocarril público y su sustitución por un modo de transporte elitista pensado para unos pocos.

En definitiva, el desmesurado consumo energético de la alta velocidad, los graves impactos sobre el territorio, los precios elitistas, y la absorción de presupuestos del ferrocarril convencional son motivos más que suficientes para oponerse a las lí­neas AVE, que son un ejemplo de manual de inversiones públicas con escasa rentabilidad social.

Por estos motivos, y ante los planes de privatización del ferrocarril, un importante número de colectivos, aglutinados en la Coordinadora Estatal en Defensa del Ferrocarril Público, convocan una manifestación para exigir un "Ferrocarril Público y Social, Seguro y Sostenible", en Zaragoza, el próximo 25 de octubre.