La organización de los trabajadores autónomos, sin embargo, hubiese deseado un periodo transitorio con tarifas más reducidas para incentivar el acceso a la cobertura

Con el Decreto de desarrollo que aprueba el Consejo de Ministros se termina el proceso legislativo necesario para posibilitar el acceso voluntario de los autónomos a la cobertura de las prestaciones por enfermedad profesional y accidente laboral. Este proceso comenzó con la aprobación en primera instancia de la medida en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos para el presente año 2003.

Recientemente en conversaciones mantenidas por el Secretario de Estado para la Seguridad Social y el Consejo Estatal del Autónomo, se superó el último escollo que consistí­a en igualar las prestaciones económicas con las establecidas para los trabajadores del Régimen General.

Las cotizaciones establecidas también son equivalentes a las del resto de los trabajadores. En este caso La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) habí­a propuesto un periodo transitorio con tarifas sensiblemente más reducidas para las actividades con mayor riesgo con el fin de compensar el retraso de la medida y sobre todo incentivar la participación en estas coberturas.

En todo caso UPTA considera positiva la regulación establecida ya que cumple con el principal objetivo de equiparación de prestaciones.

También en este sentido UPTA apoya la redacción de la recomendación 4 del reciente Acuerdo de renovación del Pacto de Toledo, ya que insta al Gobierno a seguir avanzando en el proceso de reconocimiento de la categorí­a de trabajadores autónomos en aras a conseguir su progresiva equiparación al Régimen General de la Seguridad Social.

Tras la aprobación de estas medidas UPTA seguirá trabajando por la modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a fin de que quede contemplado el colectivo de autónomos como sujetos de dicha disposición legal y con ello acogerse a los derechos contemplados.

Por último UPTA propone al Ministerio de Trabajo y las Administraciones autonómicas competentes que se incentiven las acciones formativas y de orientación dirigidas a la extensión de una cultura preventiva entre los trabajadores autónomos y se expliquen suficientemente las medidas adoptadas y sus posibles beneficios para este colectivo.