A continuación se expone el caso de algunas de estas personas.

Irán

Amnistí­a Internacional ha sabido recientemente que Afsaneh Nouroozi corre un riesgo inminente de ejecución por haber confirmado su condena de muerte el Tribunal Supremo. El ayatolá Sayed Ali Jamenei, lí­der supremo de Irán, es la única autoridad que puede concederle el indulto en esta etapa. Según informes, Afsaneh Nouroozi fue detenida en 1997 por matar al jefe del servicio de información de la policí­a de Kish, localidad del sur de Irán. Al parecer, lo hizo en defensa propia, para impedir que la violaran. Se encuentra recluida en la prisión de Bandar Abbas, en sur de Irán, que es famosa por sus malas condiciones.

En lo que va de año Amnistí­a Internacional ha tenido noticia de 83 ejecuciones en Irán, pero la verdadera cifra podrí­a ser mucho mayor.

Japón

Hakamada Iwao, de 67 años, lleva casi 37 años preso y más de 34 condenado a muerte. Se halla recluido en el Centro de Detención de Tokio, y se dice que, debido a su prolongado encarcelamiento, su salud fí­sica y mental no es buena. Fue acusado del asesinato, el 30 de junio de 1966, del director ejecutivo de la planta de Kogane Miso de Yokosuna, en la ciudad de Shimuzu, y de su esposa y sus dos hijos. Lo detuvieron de nuevo en agosto de 1966, y, según informes, a lo largo de 23 dí­as fue interrogado durante periodos de 12 horas diarias por término medio, e incluso de más 16 horas en una ocasión. Hakamada Iwao ha manifestado constantemente que lo obligaron a confesar los cargos de los que fue declarado culpable.

En Japón hay al menos 118 condenados a muerte, unos 50 de los cuales han cumplido ya sus condenas de prisión y podrí­an ser ejecutados en cualquier momento. A los presos les dicen que van a morir menos de dos horas antes de la ejecución, y a sus familias y abogados no les informan jamás de la decisión. La mayorí­a de los condenados a muerte pasan muchos años encarcelados, sometidos a gran tensión mental.

Nigeria

Ahmadu Ibrahim y Fatima Usman fueron declarados culpables de mantener relaciones extramatrimoniales por un tribunal islámico del estado de Ní­ger y condenados, in absentia, a muerte por lapidación en mayo de 2002. No recibieron asistencia letrada en el juicio, aunque ahora sí­ cuentan con un abogado, que recibe apoyo de Baobab, organización nigeriana que lucha por los derechos humanos de la mujer. Han interpuesto un recurso de apelación, que está todaví­a pendiente.

El año pasado fueron condenadas a muerte en aplicación de la nueva legislación penal islámica cinco personas. Una de ella fue Amina Lawal, cuya condena a muerte por lapidación fue anulada por un tribunal islámico de apelación del estado de Katsina el 25 de septiembre de este año. Desde 1999, en 12 estados del norte de Nigeria se ha introducido una nueva legislación penal islámica, en virtud de la cual se penan obligatoriamente con la muerte las relaciones sexuales mantenidas de mutuo acuerdo fuera del matrimonio y el asesinato.

Arabia Saudí­

El ciudadano saudí­ Mas\\’ud bin Ali bin Muhammad bin Gimeshan al-Gahtani podrí­a ser ejecutado en cualquier momento. Detenido en 1991 en relación con el asesinato de Musfir bin Ogaym al-Dawsari, fue sometido a un juicio injusto y no se le informó de que habí­a sido declarado culpable de asesinato hasta mucho después, cuando llevaba ya ocho años en prisión.

En Arabia Saudí­ se impone la pena de muerte por una amplia variedad de delitos, incluidos, además de los violentos, algunos sin consecuencias letales, como la brujerí­a, ciertos delitos de carácter sexual, los relacionados con drogas y la apostasí­a del islam. Las condenas se imponen en juicios que no cumplen las normas acordadas internacionalmente: se celebran a puerta cerrada, y los acusados no tienen derecho a recibir formalmente asistencia letrada. Desde principios de 2003 han sido ejecutadas al menos 40 personas.

ESTADOS UNIDOS

John Clayton Smith será ejecutado en Misuri el 29 de octubre de 2003. Fue condenado a muerte en 1999 por el asesinato de su ex novia, Brandie Kearnes, y el padrastro de ésta, Wayne Hoewing, en 1997. Ha decidido no interponer más recursos de apelación contra su sentencia y su condena de muerte. Se le ha diagnosticado una enfermedad mental, en concreto un trastorno bipolar con rasgos sicóticos, y está tomando medicación en la cárcel. En agosto de 1999 fue atendido de un presunto intento de suicido en el pabellón de los condenados a muerte, tras lo cual quedó sometido a vigilancia contra suicidios.

Dentro de poco serán ya 900 las ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos desde que se reanudaron en el paí­s los homicidios judiciales en 1977. Más de 700 personas han sido ejecutadas desde 1990 y casi 60 ya este año. Entre las ejecutadas desde 1977 ha habido delincuentes menores de edad, deficientes mentales, personas cuya asistencia letrada fue inadecuada o cuya culpabilidad estaba en duda y ciudadanos extranjeros a los que se negaron sus derechos consulares después de la detención. En Estados Unidos, la pena de muerte sigue siendo una práctica arbitraria, discriminatoria y propensa a los errores. Más de 100 condenados a muerte han sido puestos en libertad desde 1977 por haberse presentado pruebas de su inocencia. El 80 por ciento de los ejecutados desde 1977 habí­an sido condenados por matar a blancos, cuando en Estados Unidos son ví­ctimas de asesinato aproximadamente el mismo número de blancos que de negros.

Uzbekistán

Amnistí­a Internacional recibió en mayo información según la cual Abror Isaev y Nodirbek Karimov habí­an sido condenados a muerte por asesinato. La organización teme que sean ejecutados en cualquier momento. De acuerdo con los informes recibidos, Abror Isaev fue maltratado en las celdas de los condenados a muerte de la prisión de Tashkent, tras lo cual intentó suicidarse. Hay convincentes indicios de que Abror está mentalmente perturbado desde que se encuentra preso, pero, según informes, las autoridades han hecho caso omiso de ello, lo que constituye una violación de las normas internacionales y del derecho interno de Uzbekistán.

Decenas de personas son ejecutadas todos los años en Uzbekistán tras haber sido sometidas a un juicio injusto. Muchas sufren tortura durante su encarcelamiento. En los juicios en habitual presentar como prueba \"confesiones\" obtenidas con tortura. Amnistí­a Internacional no tiene cifras exactas sobre las condenas de muerte y las ejecuciones llevadas a cabo en Uzbekistán, ya que no hay datos oficiales. En todos los casos sobre los que se ha llamado la atención de la organización, los condenados fueron ejecutados en secreto. En muchos de ellos no se informó a sus familias hasta meses después, y no se les comunicó el lugar de la ejecución ni dónde habí­a sido enterrada la ví­ctima, por lo que ni siquiera tienen un lugar donde llorar su muerte. Muchas de estas familias buscan la tumba durante años con la esperanza de encontrarla.

Yemen

El ciudadano español Nabil al-Mankali corre riesgo inminente de ejecución. Según información aparecida en la prensa, el presidente Ali Abdullah Saleh ratificó su condena de muerte el 11 de septiembre. Fue declarado culpable de planear actos de sabotaje y asesinato en relación con un atentado con bomba perpetrado en Adén en julio de 1997. Según informes, él y otras 27 personas fueron torturados para obligarlos a confesar. Las \"confesiones\" se admitieron como prueba en el juicio, y los otros 27 acusados fueron condenados a prisión.

A Amnistí­a Internacional le preocupa desde hace mucho tiempo la aplicación de la pena de muerte en Yemen, en particular porque las condenas se imponen a menudo en procedimientos que no cumplen las normas internacionales sobre juicios justos.

Novedades de 2003

Reducido en Tayikistán el ámbito de aplicación de la pena de muerte

El Parlamento de Tayikistán aprobó en julio un proyecto de reforma del Código Penal propuesto por el presidente Imomali Rahmonov. Entre los cambios propuestos figuraba la abolición de la pena de muerte en el caso de las mujeres, los menores de 18 años en el momento del delito y los mayores de 60 años, así­ como la reducción de 10 a 5 del número de artí­culos del Código Penal que preveí­an la posible imposición de la pena de muerte. Las reformas entrarán legalmente en vigor una vez firmadas por el presidente Rahmonov.

Europa, más cerca de convertirse en una zona libre de la pena de muerte

El 1 de julio entró en vigor el protocolo núm. 13 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que prohí­be la pena de muerte en todas las circunstancias. Con este protocolo se llena el vací­o no cubierto por el protocolo núm. 6 al Convenio, que prohí­be la pena de muerte, excepto por actos cometidos en tiempo de guerra o amenaza inminente de guerra, en los paí­ses que han aceptado cumplirlo. Sólo cuatro Estados miembros del Consejo de Europa no han firmado ni ratificado el protocolo núm. 13, a saber: Armenia, Azerbaiyán, la Federación Rusa y Turquí­a. Hasta la fecha lo han ratificado 18 paí­ses y lo han firmado 23.

Nuevas ratificaciones y firmas del segundo Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí­ticos

Paraguay ratificó el segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí­ticos el 18 de agosto de 2003, y Timor Oriental, el 18 de septiembre, con lo que el número total de ratificaciones es ya de 51. San Marino firmó el segundo Protocolo Facultativo el 26 de septiembre, ascendiendo así­ a 8 el número total de Estados signatarios.