Según ENLACE, "la mayorí­a de las veces, nos hemos enterado de que la persona ha tenido un juicio rápido cuando ya estaba todo decidido, porque ni siquiera les dio tiempo a avisarnos y, en muchos casos, ya estaban en prisión".

La Federación Andaluza señala que está ocurriendo algo muy grave: "en el juicio rápido el fiscal suele pedir penas muy altas y las personas drogodependientes, sin un asesoramiento adecuado, acceden a la conformidad para que se les rebaje un poco la condena, pero no pueden acreditar su drogodependencia y van directos a prisión". Según Pepe Sánchez, "nos estamos encontrando con muchos casos de conformidad: la persona drogodependiente no puede acreditar absolutamente nada y se va del Juzgado con una condena bajo el brazo" y señala, por ejemplo, el caso de A.T.C., "una chica que no tuvo tiempo de acreditar su drogodependencia y que se conformó con la petición del fiscal: el resultado fue una condena durí­sima para el hurto que habí­a cometido y ahora es mucho más difí­cil conseguir para esta persona alguna alternativa a la prisión ".

En otras ocasiones, aun sin conformidad, "está resultando imposible presentar a tiempo en los juicios rápidos informes que acrediten la drogodependencia o que la persona se encuentra en tratamiento, como el caso de J.G.M., del que no se pudieron aportar informes para demostrar su drogodependencia y otras circunstancias personales y familiares".

ENLACE denuncia que la "falta de acreditación de las drogodependencias en muchas ocasiones se convierte en un obstáculo insalvable que impide a la persona drogodependiente disfrutar de medidas alternativas de tipo terapéutico, en lugar de ir a prisión. Además, las personas así­ enjuiciadas están siendo condenadas injustamente a penas más elevadas de lo debido, porque no se aplica la rebaja que corresponde en los casos de atenuante". La Federación Andaluza recuerda que recientemente el Tribunal Supremo ordenó repetir un juicio rápido porque no se permitió presentar un informe que acreditaba los problemas de drogodependencias del acusado.
ENLACE muestra su rechazo a estas y otras reformas del Plan de Lucha contra la Delincuencia, ya se elige el camino de la pena de prisión como única respuesta para afrontar los conflictos sociales, en vez de diversificar las respuestas atendiendo a situaciones tan distintas como la de un drogodependiente que comete un delito a causa de su adicción o la de un inmigrante que falsifica un permiso de trabajo para poder ganarse la vida.

Según denuncia ENLACE, esta polí­tica se lleva a cabo sin una evaluación seria y rigurosa de los efectos que la polí­tica penal hasta ahora vigente está teniendo en la prevención del delito. ENLACE pregunta: "¿qué está haciendo Instituciones Penitenciarias con las 55.326 personas presas en la actualidad? ¿Cómo se trabaja la función de reinserción social de la prisión?". Según Pepe Sánchez, "resulta increí­ble que no existan cifras fiables sobre í­ndices de delincuencia y ninguna información sobre la utilidad de la pena de prisión para prevenir futuros delitos".

ENLACE señala que cifras como el alto í­ndice de reincidencia sí­ que muestran el fracaso de la prisión como instrumento de reinserción. "No sólo aportamos nuestra propia experiencia de trabajo con personas drogodependientes que han podido acceder a alguna medida alternativa y que ahora están plenamente integradas en la sociedad -señala Pepe Sánchez-, sino que cada vez más instituciones oficiales así­ lo reconocen. La ONU, en su décimo Congreso sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, concluyó: "nos comprometemos a otorgar prioridad a las medidas encaminadas a contener el crecimiento del número de detenidos en espera de juicio y de reclusos, promoviendo alternativas seguras y eficaces en sustitución del encarcelamiento".

Según datos de la propia Dirección General de Instituciones Penitenciarias, las personas presas que han sufrido un régimen más cerrado reinciden un 56"™60%, mientras que aquellas con condiciones más suaves de cumplimiento lo hacen en un 42"™40% de los casos. De la misma manera, las personas que cumplen í­ntegramente las penas reinciden en un 54"™70% de los casos, porcentaje que se reduce hasta el 39"™18% cuando son excarceladas en libertad condicional.
ENLACE considera que "el sinsentido de las reformas actuales es evidente cuando la propia Dirección General de Instituciones Penitenciarias, a través de su Central de Observación, reconoce que medidas como la reducción de las condenas, la clasificación en tercer grado o los permisos de salida sirven para reducir la reincidencia". "¿Por qué con las reformas se empeñan en enterrar medidas que ellos mismos reconocen como útiles para prevenir el delito?", cuestiona ENLACE.

Por otro lado, ENLACE muestra su rechazo a las declaraciones realizadas por el ministro de Justicia, José Marí­a Michavila, en relación a que los nuevos requisitos del acceso al tercer grado y a la libertad condicional recogidos en la Ley para el cumplimiento í­ntegro y efectivo de las penas se apliquen con independencia del momento en que se cometió el delito y no exclusivamente a hechos cometidos desde la entrada en vigor de la ley el pasado 1 de julio. Según Enlace, se vulnera el principio constitucional de no retroactividad de las normas sancionadoras no favorables y señala que estas medidas afectan a los presos más pobres, especialmente a las personas drogodependientes.