Así­, para garantizar a los ciudadanos el acceso a una vivienda digna y lograr una disminución del precio de la misma, CC.OO. propone una serie de medidas consistentes en la ampliación del número de viviendas en régimen de alquiler (para lo que es imprescindible la creación de una oferta suficientemente amplia en cantidad, calidad
y precio distribuida adecuadamente a nivel territorial con un precio razonable y con el objetivo de consolidar esta opción como una alternativa sostenida a la opción de compra) y la limitación de las deducciones fiscales de los Fondos de Inversión Inmobiliarios a las operaciones dedicadas a la constitución y gestión de parques de vivienda en alquiler.

CC.OO. considera también necesario fomentar de manera complementaria la construcción de Viviendas VPO en régimen de propiedad promovidas por las cooperativas y la modificación de la polí­tica fiscal en materia de vivienda, iniciando un progresivo traspaso hacia la iniciativa pública directa de una parte del actual gasto en deducciones existentes en el IRPF.

Complementariamente a los recursos traspasados desde los gastos fiscales, se debe incrementar el presupuesto de las tres administraciones (central, autonómica y local) en materia de vivienda para disponer de los recursos financieros necesarios para constituir un parque de viviendas.

Partiendo del criterio de considerar el suelo como algo más que un valor de mercado, para CC.OO. es preciso mejorar su uso evitando la especulación, por lo que propone como elemento fundamental romper la actual situación donde el propietario ha consolidado expectativas infinitas de revalorización del valor del suelo.

Por último CC.OO. considera necesaria la coordinación de las actuaciones de las distintas Administraciones alrededor de una polí­tica de vivienda con carácter global e integrador, ya que las competencias directas en esta materia pertenecen a las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales y, propone creación de un observatorio inmobiliario con participación de todas las partes implicadas con posibilidades reales de actuar como intermediario competente en la fijación de precios razonables cuando finalizan los contratos de arrendamiento.