Para Gálvez, "el litoral es un bien frágil y escaso, y está sometido a impactos que hacen cada dí­a más difí­cil recuperarlo". La lista de problemas que enumera la diputada de Los Verdes va del crecimiento urbaní­stico al desarrollo de actividades con un fuerte impacto ambiental e irreversibles en sus efectos como la agricultura intensiva o procesos industriales.

Para la representante de Los Verdes, "el litoral ofrece condiciones inmejorables para una mayor calidad de vida, pero al primar el interés económico sobre otros se encuentra muy degradado, y no sólo en lo ambiental: la sociedad en la costa está completamente desestructurada". Para la diputada verde, "el objetivo es hacer del litoral andaluz un espacio más habitable, sostenible y seguro". La seguridad que Inmaculada Gálvez propone para el litoral no es la policial, sino de otros aspectos que están en el origen de los problemas: "falta seguridad jurí­dica y polí­tica, y por tanto control público, transparencia y participación ciudadana", denuncia la diputada. "La ley debe cumplirse también en el litoral, y los partidos deben abordar seriamente las consecuencias sobre la calidad de la democracia del transfuguismo, los pactos anti-natura y la proliferación de candidaturas tipo GIL". Para la representante ecologista el litoral andaluz sí­ necesita otra modernización, que se traduzca "más en un cambio de planteamiento que de la administración", y que resume con la frase "más ordenadores y menos ladrillos".

En este sentido, Gálvez denuncia la polí­tica de la Consejerí­a de Turismo, por considerar "un engaño" que se presente el crecimiento urbaní­stico como algo necesario para el turismo. "El turista ya viene, y lo que lo ahuyentará serán las aglomeraciones y la menor calidad ambiental y paisají­stica". Son los intereses del sector de la construcción los que está defendiendo esta polí­tica turí­stica, sentencia la diputada.

Entre las propuestas, Gálvez destaca la necesidad de una plan de "reciclaje de la mano de obra", para ofrecer "oportunidades de empleo más allá del andamio" y, sobre todo, una moratoria urbaní­stica hasta que la Junta de Andalucí­a determine la "capacidad de carga" que puede soportar el litoral de manera sostenible y protegiendo los valores naturales.