Las partidas presupuestarias previstas para Seguridad social e Instituto Nacional de Empleo, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2004, no cubren las necesidades de protección ni de fomento del empleo que España necesita.

El Gobierno no se gastará para el próximo año ni un euro en polí­ticas de empleo y el superávit previsto en estas cuentas (casi 3.765 millones de euros) lo utilizará para financiar partidas que deberí­an ser financiadas con impuestos; y contendrá el gasto en Seguridad Social para que el excedente previsto del 0,4 del PIB compense el déficit de las Administraciones Públicas.

UGT manifiesta su rotundo rechazo a unos presupuestos que perpetúan en 2004 el uso indebido de los superávit de la Seguridad Social y del INEM.

La pasada semana se presentaron en los Consejos Generales del INSS e INEM ambos proyectos de presupuestos y han merecido de la Unión General de Trabajadores un fuerte rechazo, tanto por la forma de su presentación como por el contenido de los mismos.

En cuanto a la forma, los proyectos de presupuestos se entregaron con escasas horas para su análisis, y a un dí­a escaso de su aprobación por el Consejo de Ministros, lo cual constituye un reiterado desprecio hacia la participación institucional a la que tenemos derecho legalmente los agentes sociales.

Presupuesto de la Seguridad Social

Por lo que respecta al contenido de los presupuestos, y a expensas de un análisis más detenido, pues además de escasos los datos que se nos aportaron a los interlocutores sociales algunos eran todaví­a provisionales, UGT manifestó su rechazo a los mismos, evidentemente por la escasa información recibida, pero también por su contenido:

1. Un año más, se contiene el gasto con el fin de que el superávit de la Seguridad Social, que el Gobierno estima en el 0,4% del PIB, compense el déficit de las Administraciones Públicas, también estimado en el 0,4% del PIB.

2. En este presupuesto no se produce ninguna mejora en la intensidad protectora salvo el incremento del 48 al 52% en el porcentaje de las pensiones de viudedad, en cumplimiento del Acuerdo de pensiones de 2001, y que tendrá una incidencia económica baja pues a la mayorí­a de los pensionistas ese incremento les será absorbido por los mí­nimos.

3. UGT mostró su disconformidad con que el excedente, estimado en poco más de 3.000 millones de euros, se destine í­ntegramente al Fondo de Reserva y propusimos que se mejorasen las prestaciones tal y como está demandando la sociedad española.

4. Si en 2002 y 2003, se prevé que el superávit de la Seguridad Social se aproxime al 1% del PIB cada año, UGT considera que existe un amplio margen para plantear mejoras sustanciales en la protección.

5. Si en el pasado reciente se utilizó a la Seguridad Social, endeudándola, para reducir el déficit público prestándole recursos que debieran ser aportaciones finalistas del Estado, hoy se utiliza el superávit de la Seguridad Social para reducir las aportaciones públicas que el Gobierno se habí­a comprometido a realizar para la financiación de los complementos de mí­nimos durante 12 años desde 2001, según el Acuerdo de Pensiones. La aportación del Estado de 906,35 millones de euros es menos de tres doceavas partes del importe de los complementos de mí­nimos. Según nuestros cálculos, dicha aportación tendrí­a que ascender, cuando menos, a 1.035 millones de euros.

Presupuestos del INEM
Por lo que se refiere al presupuesto del INEM, por cuarto año consecutivo, el Estado no aportará ni un solo euro a la financiación del INEM marginándose completamente de la solidaridad hacia los desempleados. La polí­tica del Gobierno respecto a la financiación del INEM es la opuesta a la establecida para las prestaciones de la Seguridad Social en el Pacto de Toledo.

Con cuotas de los trabajadores en activo no sólo se financian prestaciones de evidente carácter asistencial, sino también las llamadas polí­ticas activas, que en todos los paí­ses se financian con recursos fiscales, entre las que se encuentran las bonificaciones a las empresas (y que según la recomendación 1ª del Pacto de Toledo tendrí­an que financiarse con recursos públicos) e incluso con cuotas se financiarán todos los gastos de funcionamiento de esa Entidad Gestora.

Los ingresos por cotizaciones por desempleo ascenderán a 14.672 millones de euros mientras que el gasto total en prestaciones el INEM lo estima en 10.907,2 millones de euros, lo que arrojarí­a un excedente de casi 3.765 millones de euros, que, en lugar de utilizarse para mejorar la protección de los parados y constituir un Fondo de Reserva similar al de la Seguridad Social, el Gobierno lo utiliza para financiar partidas que debieran hacerlo a través de la fiscalidad general.

Por lo que se refiere al gasto, en 2004 las prestaciones por desempleo se incrementará respecto al presupuesto inicial de 2003 el 3,81%, las prestaciones contributivas tan sólo el 3,41%, cifra muy inferior a los incrementos que viene habiendo en estos últimos años.

Se ha señalado por parte de la Administración el importante gasto que se destinará a las polí­ticas activas con un incremento del 11,7%, pero éste se debe fundamentalmente al incremento de las bonificaciones en las cotizaciones a las empresas (que suponen el 61% de esos gastos en polí­ticas activas), que se incrementan en más de 400 millones de euros sobre 2003, hasta alcanzar un total de 2.270 millones de euros, lo cual supone un incremento del 21,41% sobre esta misma partida en 2003. Es absolutamente injustificable este importante incremento y máxime cuando no se ha hecho ninguna evaluación sobre la utilidad de los ingentes recursos destinados a subvencionar unos empleos que, con toda probabilidad, se hubiesen creado de todas formas sin subvenciones, ni tampoco se ha mostrado el mayor interés en vigilar la utilización correcta de estos recursos públicos.

Por lo que se refiere a la formación de ocupados, especialmente el subsistema de formación continua se incrementa tan sólo el 2,11% lo que es inconcebible para un paí­s con tantas carencias en materia de formación. Para el conjunto de las acciones de formación más empleo, aquellas que generan empleo directo, tanto las gestionadas por el INEM como las gestionadas por las CCAA el incremento es de tan solo un 3%.

Los mismo cabrí­a decir en cuanto a los recursos humanos. Si bien en los presupuestos de 2003 se habilitó una partida para incrementar en 1.500 el número de personas en los Servicios Públicos de Empleo para su modernización, sólo se autorizó el gasto para contratar a 410. Ahora la Secretarí­a General de Empleo anuncia la contratación de 1000 personas más para 2004, que no son más que los inicialmente previstos para 2003. Los incrementos de personal que ha publicitado para 2004, 1000 personas más, son los ya presupuestados, y no contratados en 2003.

En conclusión, UGT rechaza estos presupuestos por considerar que no cumplen con las necesidades de protección y de fomento del empleo que la sociedad demanda. Los presupuestos del INEM vienen a confirmar nuestra opinión sobre la escasa incidencia del Plan Nacional de Empleo de 2003 para resolver los graves problemas de nuestro mercado de trabajo, en cuanto a baja tasa de actividad, baja tasa de ocupación, en especial de las mujeres, alta tasa de paro y escasa protección, baja calidad del empleo y enorme precariedad, escasa cualificación de la mano de obra y escasa eficiencia de nuestros servicios públicos de empleo.